¿Qué ha provocado las masivas protestas indígenas en Brasil, Paraguay y Bolivia?

Durante las últimas semanas tres países de la región han presenciado enormes protestas callejeras protagonizadas por grupos indígenas. El gran punto en común detrás de las manifestaciones de aborígenes de Brasil, Paraguay y Bolivia es el reclamo por la vulneración de sus derechos sobre las tierras en las que habitan.

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El 22 de agosto más de 6 mil integrantes de 170 etnias indígenas brasileñas viajaron desde diferentes rincones del país hasta la capital, Brasilia, para dar inicio a “Lucha por la Vida”, una acampada masiva frente a la sede del Supremo Tribunal Federal (STF) -máximo ente judicial del país- mientras los magistrados debatían una interpretación de la Constitución que ponía en riesgo sus territorios.

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La Constitución Brasileña de 1988, vigente en la actualidad, señala que las comunidades indígenas tienen derecho a ocupar y preservar sus tierras ancestrales. Sin embargo, existe un “marco temporal” que limitaría este derecho a los territorios que ocupaban dichos pueblos cuando la Carta Magna fue escrita.

El poderoso lobby agropecuario del país, uno de los principales apoyos del actual presidente Jair Bolsonaro, presiona para que la justicia mantenga los límites a dichos territorios. Sin embargo, los pueblos indígenas reclaman que dicha limitación es errónea debido al desplazamiento que sufrieron durante la dictadura militar en el país, que duró desde 1964 hasta 1985.

El actual problema inició cuando el Gobierno de Santa Catarina, al sur del país, ordenó el desalojo de la comunidad Xokleng de la reserva natural Ibirama-Laklano. El proceso llegó hasta el STF, cuyos once miembros ahora deberán emitir un pronunciamiento sobre el artículo, lo que podría afectar a más de 200 tierras en proceso de demarcación según el Instituto Socioambiental (ISA).

Según un artículo del portal argentino Todo Noticias, además, en Brasil viven unos 900.000 indígenas (0,5% de la población) y sus reservas ocupan el 13% del territorio nacional. El presidente Bolsonaro, por su parte, no ha perdido oportunidad para presionar un fallo que favorezca al rubro agropecuario.

“Hoy en Brasil tenemos 120 millones de hectáreas demarcadas como tierras indígenas, y tenemos menos de un millón de indios en Brasil”, dijo el mandatario.

“Esperamos sentido común por parte del STF. Si no, tendremos que entregar Brasil a los indígenas”, agregó.

ENFRENTAMIENTOS EN PARAGUAY

Mientras tanto, en Paraguay una reforma aprobada esta semana también provocó la salida a las calles de las comunidades originarias del país.

Los grupos de campesinos e indígenas salieron a manifestarse en la capital Asunción desde la jornada previa a la aprobación de la reforma, la misma que pena con hasta 6 años de cárcel a los invasores de terrenos.

Desde la primera jornada se registraron enfrentamientos entre los manifestantes y la policía que hasta el momento han dejado decenas de heridos en ambos bandos.

Las protestas exigen que el presidente Mario Abdo Benítez retire o vete la ley, luego de que esta fuese aprobada con el apoyo de 49 de los 80 legisladores de la Cámara de Diputados.

Según un artículo de la BBC, la Federación Nacional Campesina asegura que el problema se remonta a la dictadura militar de Alfredo Stroessner (1954 - 1989), cuando la reforma agraria que impulsó le arrebató las tierras a muchos campesinos e indígenas para entregárselas a personas cercanas al régimen.

La Comisión de la Verdad y Justicia establecida para investigar las violaciones durante la dictadura determinó en el 2006 que cerca de dos tercios de las tierras fueron a parar a manos de personas relacionadas con el régimen de Stroessner.

Desde entonces, miles de campesinos han invadido y ocupado dichos territorios. “Nuestras garantías constitucionales corren peligro con este intento de criminalizar nuestros reclamos territoriales como pueblos indígenas, con quienes el Estado Paraguayo tiene una deuda histórica”, señala un comunicado publicado por la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas el último miércoles.

Desde el Gobierno, el senador Fidel Zavala, del Partido Patria Querida, aseguró que “la ley no busca perseguir a nadie sino dar seguridad a los ciudadanos de zonas urbanas y rurales, incluso de comunidades indígenas” durante una entrevista con el portal Semanario Universidad.

BOLIVIA CONVULSIONADA

Bolivia, por su parte, registra dos grandes conflictos que incluyen a comunidades originarias y campesinos. El primero de ellos tiene lugar en la ciudad de Santa Cruz, la más grande del oriente boliviano, donde tres grupos se han enfrascado en una larga disputa por tierras.

El 25 de agosto, una columna de indígenas inició una marcha de 37 días en la que recorrieron más de 500 kilómetros, desde las tierras bajas (como se conoce a las regiones de la Amazonía, oriente y chaco bolivianos) hacia Santa Cruz, para exigirle al gobierno “derogar todas las normativas y/o resoluciones que permiten todo tipo de avasallamiento en los territorios indígenas ancestrales”, además de una redistribución de tierras.

“Nosotros venimos buscando a los cuatro poderes del Estado, el Ejecutivo, Judicial, Legislativo y Electoral. En ese nivel porque cada una de esas estructuras tiene mucho que decirnos a nosotros, tienen que tocar muchos aspectos que son de interés nuestro como pueblos indígenas”, dijo el dirigente Marcial Fabricano, según la agencia EFE.

El presidente Luis Arce, en respuesta, envió a tres viceministros para negociar antes de su llegada, la cual sería inevitable pues los manifestantes han dicho que no abandonarán la protesta hasta reunirse con el mandatario.

Las exigencias de los indígenas responden al derecho de sus territorios y costumbres, adelantaron.

Sin embargo, este no es el único problema social que enfrenta el gobierno de Arce. En La Paz, la capital administrativa del país, se ha cumplido una semana y media desde que la sede de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz ha sido tomada.

El conflicto se originó porque los agricultores cocaleros de la región de Yungas están en desacuerdo con la administración del organismo que se encarga, entre otras cosas, de dirigir uno de los dos mercados autorizados en el país para la venta de la hoja de coca.

Los dos bandos enfrentados en el conflicto se declaran afines al oficialista Movimiento al Socialismo, del expresidente Evo Morales. Sin embargo, ambos han mostrado diferencias por respaldar a representantes que no comulgan con el otrora mandatario.

Durante los enfrentamientos se incluyen choques con la policía en los que se registraron explosiones de dinamitas contra los uniformados, quienes respondieron arrojando gases lacrimógenos, además del incendio de un edificio y de vehículos policiales. Los vecinos de la zona, por su parte, han salido a marchar con banderas blancas exigiendo el fin del conflicto.

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Desde el Gobierno, el vicepresidente David Choquehuanca ha pedido establecer una mesa de diálogo con los bandos enfrentados, pero la invitación ha sido rechazada.

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