El Gobierno de Irán estudia la imposición de nuevas restricciones de internet, como la criminalización de las VPN (programas antifiltros de internet), en medio de las protestas desatadas por la muerte de Mahsa Amini hace más de un mes.
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El Ministro de Comunicaciones, Isa Zarepou, lamentó este miércoles que el uso de aplicaciones VPN no sea un crimen y anunció que se trabaja para que la utilización de estas aplicaciones sea penada.
“Por supuesto, se llevan a cabo esfuerzos para criminalizarlos (los VPN)”, dijo Zarepou a televisiones iraníes tras una reunión semanal del Gabinete, en la que participó el presidente de Irán, Ebrahim Raisí.
El ministro afirmó que los VPN “provocan serios daños a los dispositivos, como teléfonos, portátiles y ordenadores, porque facilitan el acceso de los hackers a los teléfonos de las personas”.
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Por ello, “como experto”, recomendó a los usuarios que no los usen.
Además, afirmó que en el último mes se han aplicado “restricciones temporales a internet”, y que algunas de esas medidas ya han sido levantadas.
Sin el uso de una VPN en estos momentos no es posible acceder a medios de comunicación de fuera del país, Twitter, Instagram o Whatsapp, entre otros muchos servicios.
En los últimos días, muchas aplicaciones de VPN han dejado de funcionar y activistas han afirmado que las autoridades están aumentando la presión sobre estos servicios.
El Gobierno iraní está aplicando fuertes restricciones a internet desde el comienzo de las protestas por la muerte de Amini el 16 de septiembre, tras ser detenida tres días antes por la policía de la moral por llevar mal el velo en Teherán.
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Los servicios de internet móviles son cortados muchos días, especialmente por las tardes, cuando suelen ocurrir las protestas, las redes fijas funcionan más lento de lo habitual y en ocasiones también son bloqueadas totalmente.
A ello se suma el bloqueo de las aplicaciones de Whatsapp e Instagram, las únicas que no estaban censuradas en el país antes del comienzo de las protestas.
Zarepou además dijo que no se ha tomado una decisión acerca de si mantener bloqueadas de forma permanente Instagram y Whatsapp, que eran las únicas aplicaciones de fuera del país que no estaban censuradas y ahora están bloqueadas.
Activistas y periodistas han denunciado que estas acciones están destinadas a silenciar las protestas y sobre todo los vídeos que inundan las redes sociales mostrando mujeres quemando velos, gritando “mujer, vida, libertad” y la represión estatal.
La Cámara de Comercio de Irán ha advertido que cada hora de corte de internet supone unas pérdidas económicas de 1,5 millones de dólares y que las restricciones en la red ponen en peligro los puestos de trabajo de nueve millones de personas en el país.
El Gobierno trató de aprobar este año una ley de “Protección de los Usuarios en Internet”, que establecía fuertes restricciones, pero fue recibida con una fuerte controversia y su aprobación fue pospuesta.
Las protestas han ido evolucionando conforme las autoridades han reaccionado: comenzaron con medianas movilizaciones en docenas de ciudades para pasar a las universidades, y de ellas a pequeñas concentraciones, esporádicas y dispersas por las calles, para volver a las facultades.
La ONG Irán Human Rights, con base en Oslo, ha informado de 108 víctimas mortales a raíz de estas protestas, entre ellas 23 menores, de 11 a 17 años.
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