Una acción clave para elevar la competitividad, por Alberto Rodríguez

Los gobiernos deben generar el ambiente propicio para que las empresas crezcan y sean más competitivas. Aunque no todas las variables que determinan el nivel de competitividad de un país son igualmente controlables por los gobiernos, sí depende de ellos diseñar una regulación clara y eficiente que propicie las condiciones necesarias para la creación de un sector privado dinámico y competitivo.

Así lo ha reconocido también el gobierno del presidente Martín Vizcarra al incorporar la mejora regulatoria y del clima de negocios como objetivo prioritario de la muy bien recibida y recién presentada Política Nacional de Competitividad y Productividad. Un marco regulatorio claro, predecible y transparente estimula la confianza de los empresarios y les permite invertir su tiempo y esfuerzo en actividades productivas. Por el contrario, el exceso de regulación y los altos costos de cumplimiento encarecen la operación de las empresas y fomentan la informalidad.

Cada año, el Grupo Banco Mundial informa sobre la facilidad para hacer negocios en el Perú y otras 190 economías. Sin embargo, el informe global no nos muestra la radiografía completa del entorno de negocios nacional puesto que toma la medición en la ciudad de Lima como su indicador. Conscientes de la diversidad territorial del Perú y del potencial económico de sus regiones, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Consejo Nacional de Competitividad y Formalización han invitado al Banco Mundial a realizar, con el apoyo de la Cooperación Suiza, el primer estudio que evaluará la facilidad para hacer negocios en 12 ciudades del país: Arequipa, Callao, Chachapoyas, Chiclayo, Cusco, Huancayo, Huaraz, Ica, Lima, Piura, Tarapoto y Trujillo.

El estudio, que se llevará a cabo durante lo que resta del año, se enfocará en cuatro dimensiones regulatorias relevantes para la constitución, expansión y operación de las empresas (apertura de una empresa, obtención de permisos de construcción, registro de la propiedad y cumplimiento de contratos). En las 75 economías del mundo donde se han aplicado con éxito estas mediciones subnacionales, diferencias en la implementación de un mismo marco legal y las que existen entre las regulaciones locales muestran que los empresarios pueden someterse a condiciones muy diversas –aun dentro de su mismo país–. En Colombia, por ejemplo, abrir una empresa en una ciudad pequeña toma, en promedio, el doble de tiempo que en una ciudad mediana y hasta tres veces más tiempo que en una grande.

Este trabajo de medición de la facilidad para hacer negocios en las ciudades peruanas es parte de las iniciativas de apoyo para mejorar las condiciones de competitividad del país y sus regiones. Sus resultados complementan el trabajo de mejoras a la política de competencia nacional y regional liderada por el Indecopi, de fomento al turismo, promoción de inversiones y mejora del funcionamiento de los mercados de capitales, incluyendo para pymes con el Produce y la Comisión de Valores.

Para que el Perú pueda avanzar hacia la meta de alcanzar un desarrollo inclusivo y sostenible, es necesaria la participación y el compromiso de todos los niveles de gobierno. La diversidad y el potencial de sus regiones son motores del progreso. Pero el crecimiento económico depende en buena medida de la iniciativa y la inversión privada. Por esta razón, es vital facilitar a las empresas hacer negocios y mantenerse activas. Un empresario que no pueda obtener una licencia de edificación en un tiempo y a un costo razonable, o que tenga incertidumbre sobre la duración y la calidad de las decisiones judiciales o sobre sus derechos de propiedad, posiblemente no tenga incentivos para expandir su negocio, lo que limitará su capacidad para crecer y generar empleos de calidad.

Esperamos que los hallazgos de este primer estudio de “Doing Business en el Perú” les brinde a las autoridades la oportunidad de atender y eliminar las barreras burocráticas que opacan el clima de negocios. Promover la convergencia entre regiones y ciudades hacia las mejores prácticas en materia regulatoria, mejorando en consecuencia la facilidad para los negocios, es un reto que vale la pena encarar.