De la guerra contra las drogas al aborto

Con la caída de ‘Roe vs. Wade’ [el fallo de la Corte Suprema que en 1973 institucionalizó el derecho al aborto en los Estados Unidos], los médicos estadounidenses se esfuerzan por equilibrar los imperativos conflictivos de su vocación asistencial con su deber institucional de evitar la responsabilidad legal, todo ello en detrimento de sus pacientes.

La medicina es difícil de gobernar con el instrumento contundente del derecho penal. Los procesos biológicos humanos, incluido el embarazo, son enormemente variables. Muchas veces, determinar el momento preciso en que la vida o la salud de una persona está tan amenazada que el aborto sería legal según una ley concreta no es una cuestión científica que pueda responderse éticamente. Por ello, los médicos recurren a abogados, a menudo sin experiencia médica, para protegerse de la cárcel.

Con ‘Roe’, la mayoría de los obstetras y ginecólogos no se enfrentaban a este nivel de peligro legal. Pero no es la primera vez que Estados Unidos criminaliza aspectos de la medicina. Los médicos que recetan sustancias controladas, como los opiáceos, soportan una carga similar. Pueden enfrentarse a décadas de prisión si los fiscales les señalan por recetar en exceso. Aunque hay casos de malos actores que prescriben opioides con fines de lucro, incluso los médicos legítimos pueden temer ser blanco de las fuerzas del orden, y las investigaciones muestran que la amenaza de acciones legales tiene un amplio efecto disuasorio en la forma en que los médicos prestan atención. La guerra contra las drogas demuestra que cuando la medicina se criminaliza y se politiza, los daños a los pacientes y a los médicos aumentan, mientras que las actividades que las leyes pretenden frenar continúan o incrementan.

La incapacidad del derecho penal para regular la medicina de forma segura es visible en la forma en que se trata a las personas con dolor o con sospecha de adicción. He escrito sobre los suicidios de pacientes con dolor crónico a los que se les cortó el acceso a los medicamentos opiáceos que les habían ayudado, en parte por el temor de los médicos a las consecuencias legales. Las investigaciones demuestran ahora que, para este grupo, el recorte de las prescripciones aumenta drásticamente el riesgo de sobredosis y de crisis de salud mental, en comparación con el mantenimiento del tratamiento. Pero como los médicos siguen teniendo miedo, los recortes continúan.

La penalización no tiene en cuenta los matices que forman parte de la medicina, como el hecho de que algunas personas necesitan grandes dosis de opioides porque las enzimas que metabolizan los fármacos varían mucho debido a la genética y otros factores. Y la criminalización invita a la sospecha, enmarcando a los pacientes como mentirosos. Los proveedores de atención médica, a menudo inconscientemente, pueden llegar a despreciar a aquellos cuyos casos podrían atraer el escrutinio legal.

No es difícil imaginar que, tras la desaparición de ‘Roe’, ocurra algo similar o peor con las mujeres que buscan ayuda médica por complicaciones del embarazo y son sospechosas de haber abortado ilegalmente. Ya hay mujeres que dicen que las leyes de su estado les impiden recibir la atención que necesitan, incluso para los abortos espontáneos.

Casi la mitad de los estados definen el consumo de drogas durante el embarazo como maltrato infantil, lo que da lugar a la obligación de informar a los organismos de bienestar infantil y también puede dar lugar a cargos penales. No es muy difícil imaginar cómo podrían utilizarse datos similares para atacar a las mujeres que quieren abortar o a los médicos que las atienden. Aterrorizados por las acciones legales, algunos médicos ya están tomando medidas extremas para protegerse de los procesos de aborto, como poner fin a las prescripciones de las mujeres para un tratamiento de trastorno inmunológico, el metotrexato, porque si se quedan embarazadas, puede causar un aborto involuntario. Las mujeres que abortan se ven obligadas a esperar hasta que tienen una hemorragia grave antes de que se les ofrezca ayuda. Al igual que con la guerra contra las drogas, el miedo legal está llevando a los médicos a dar prioridad a sí mismos sobre la salud de sus pacientes.

Es obvio que perseguir a los médicos no acabó con la crisis de las sobredosis. Por el contrario, ha asustado a muchos para que practiquen la medicina defensiva y ha llevado a las personas con adicción e incluso a algunos pacientes con dolor a consumir drogas callejeras mucho más mortíferas. El año pasado, Estados Unidos registró la tasa más alta de muertes por sobredosis, la mayoría a causa de opioides. Al igual que con la guerra contra las drogas, la criminalización del aborto aumentará los daños y no detendrá el comportamiento que se pretende reducir.

–Glosado, editado y traducido–

© The New York Times