Esa otra mirada, por Carlos J. Zelada

En tiempos de descalabro institucional, pocos acontecimientos revelan ser tan decisivos como la elección de magistrados del Tribunal Constitucional (TC). Lo que sorprende es que las recientes convocatorias parlamentarias a ese fin hayan fracasado estrepitosamente. Todo parece indicar que esta vez el Congreso elegirá a los nuevos integrantes del TC. El problema es que, nuevamente, el mecanismo para procurar su elección no parece ser el adecuado, sobre todo si lo que está en juego es una tan preciada e influyente plaza.

¿Postulan candidatos independientes y alejados de los conflictos de intereses? ¿Postulan los mejores juristas de sus respectivas generaciones? ¿Postulan mujeres? ¿Postulan hombres y mujeres en su diversidad? Alcanzar estos estándares se hace más difícil si no se cuenta con un mecanismo que garantice la excelencia o que, al menos, incentive a conocer a profundidad las calidades jurídicas y éticas, así como las motivaciones de quien postula.

Desde hace algunos años, la elección de los miembros de los cuerpos jurídicos más importantes a nivel internacional y doméstico es supervisada por lo que se conoce como “paneles independientes de expertos”. La iniciativa, habitualmente impulsada desde la academia y la sociedad civil, busca brindar una mirada vigilante a estos procesos a partir de una evaluación paralela, bajo estrictos estándares internacionales, de la idoneidad de quienes aspiran a ocupar tales asientos. Este lunes se dio a conocer que la reciente convocatoria congresal para elegir a los miembros de nuestro TC será supervisada por cinco expertos independientes de impecable trayectoria: Carlos Ayala (Venezuela), Daniela Salazar (Ecuador), Eduardo Bertoni (Argentina), María Francisca Zapata (Chile) y Eduardo Rodríguez Velitzé (Bolivia).

Tampoco hay que entusiasmarse tanto, nuestro Congreso no ha convocado a estas personalidades. Esta es, en realidad, una iniciativa de la sociedad civil interamericana liderada, entre otras, por instituciones de altísimo prestigio como la Fundación para el Debido Proceso, IDEA, la Comisión Internacional de Juristas, Transparencia, Proética y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. ¿Qué concluirán los expertos sobre cada uno de los 76 postulantes declarados “aptos” por el Congreso para seguir en carrera rumbo a los cinco asientos disponibles en el TC? Lo que informe el panel, por supuesto, no vincula al Congreso, pero espero que las divergencias en la evaluación, que seguro surgirán, no sean entendidas como obstruccionismo por los parlamentarios. Al contrario, hago votos para que sean recibidas de la mejor manera y como un insumo para que esta elección se aleje del frío formalismo y opte por los mejores candidatos.

¿Cuáles han sido las reacciones parlamentarias? El presidente de la comisión de selección en el Congreso ha dicho que esta es una elección “política”. Y lo es. Pero estas son, precisamente, las ocasiones en las que las razones del Derecho deben primar sobre los desvaríos de ciertas maneras de hacer política.

Nos estamos jugando muchísimo en esta elección. Ojalá que los congresistas presten atención a esa otra mirada que el panel va a mostrar. Y espero que los ciudadanos vigilemos de cerca lo que acontezca con el TC. Esa otra mirada también nos debe importar.