Un reciente reportaje de investigación destapó un escándalo nuevo electoral: 32 de 43 organizaciones políticas habrían utilizado “fábricas” de firmas fraudulentas para inscribirse en el Registro de Organizaciones Políticas del JNE para las próximas elecciones generales. Se estima que aproximadamente 300.000 firmas fueron observadas por Reniec entre el 2021 y el 2025, con 11 casos que presentan graves indicios de fraude.
Este problema no es nuevo. En el 2000, se denunció el uso de un millón de firmas falsas para inscribir el partido Perú 2000, y en el 2006 se abrió un proceso contra el expresidente Alejandro Toledo por presentar firmas falsas en la inscripción de su hoy extinto partido Perú Posible. En ambos casos, los implicados quedaron sin sanción y no se implementaron medidas preventivas efectivas. La Contraloría General de la República (CGR) advirtió al JNE en septiembre del 2024 y abril del 2025 sobre la ausencia de controles adecuados en la verificación de firmas, recomendando aplicar pericias grafotécnicas y multar a partidos que presentaran información falsa. Estas recomendaciones fueron ignoradas por el JNE.
Ante el escándalo, los organismos electorales que conforman el sistema nacional electoral del país (JNE, ONPE, Reniec) inicialmente se culparon mutuamente y luego responsabilizaron a “vacíos legales” en lugar de reconocer sus propias omisiones. Se han implementado algunas medidas como: consultas en línea para verificar afiliaciones, gratuidad en trámites de desafiliación irregular y la presentación de 139 denuncias ante el Ministerio Público.
Una solución vital pero postergada es el fortalecimiento institucional del sistema electoral, particularmente en el JNE. Enfatizamos la urgente implementación de sistemas de gestión de compliance e integridad, específicamente las Normas ISO 37001 (antisoborno) y la ISO 37301 (cumplimiento normativo). Estos sistemas no solo prevendrían futuros intentos de fraude, sino que reconstruirían la legitimidad electoral mediante códigos de conducta, controles anticorrupción y canales de denuncian funcionales.
El sistema de compliance moderno actúa como una arquitectura de integridad institucional que aporta trazabilidad y transparencia, reduciendo riesgos de manipulación mediante auditorías independientes. No es meramente una herramienta de control, sino un escudo reputacional y una forma de gobernanza basada en riesgos éticos que garantiza que las promesas institucionales se cumplan efectivamente. El Congreso también ha intervenido, citando a declarar a los jefes del JNE y Reniec respectivamente y aprobando un proyecto de ley que digitaliza la inscripción partidaria mediante registro biométrico. Sin embargo, esta ley no aplicará al siguiente proceso electoral pues el plazo para reformas legales culminó el 12 de abril pasado.
La normativa electoral actual no contempla la cancelación de inscripción por uso de firmas fraudulentas, por lo que los partidos involucrados no enfrentarán sanciones legales. No obstante, los ciudadanos pueden ejercer una sanción política mediante su voto, rechazando a los partidos que hayan incurrido en estas prácticas fraudulentas.
Por último, los mismos votantes tenemos la obligación de no permitir que estos fraudes queden impunes, para evitar vivir en una democracia falsa y corrupta donde la voluntad popular se falsifica. La democracia peruana no puede seguir siendo rehén de prácticas fraudulentas que socavan su legitimidad. El voto responsable es solo el primer paso; necesitamos una transformación profunda del sistema que garantice que la voluntad popular se exprese sin distorsiones ni manipulaciones. No hay democracia auténtica sin integridad electoral; si no actuamos ahora, seguiremos legitimando un sistema construido sobre cimientos falsificados. El momento de la reforma no es mañana: es HOY.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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