Ajustar la tuerca, por José Ugaz

Cuando el mundo abrió sus ojos al escándalo Lava Jato, supo, gracias a un acuerdo firmado entre siete empresas del grupo Odebrecht y el Gobierno de Estados Unidos el 21 de diciembre del 2016 –en virtud del cual se le impuso a este conglomerado empresarial la astronómica multa de US$2.600 millones– que el grupo brasileño había pagado sobornos por US$788 millones relacionados con más de 100 proyectos en 12 países.

En el caso del Perú, el acuerdo consignó que, entre el 2005 y el 2014, hicieron pagos corruptos por alrededor de US$29 millones a oficiales del gobierno para asegurar contratos de obras públicas, por los que obtuvieron beneficios de más de US$143 millones. Entre ellos, se citaron de manera genérica “un proyecto de infraestructura y un contrato gubernamental de transporte”.

Posteriormente, luego de algunos desencuentros, Odebrecht también firmó un acuerdo de colaboración eficaz con el Perú, hoy aprobado judicialmente, en el que aceptó haber pagado sobornos por US$32 millones en cuatro proyectos: Carretera Interoceánica, línea 1 del metro, Vía de Evitamiento, en Cusco, y Costa Verde Callao, y se comprometió a pagar al Estado Peruano la suma S/610 millones.

Pese a la necesaria reserva que por obvias razones debe rodear al proceso de colaboración, se supo que este acuerdo no impedía ampliar las investigaciones a otros proyectos, en cuyo caso Odebrecht debía asumir su responsabilidad e incrementar sus pagos a favor del Perú.

Para estos efectos, la ley peruana le otorga un arma poderosa a la fiscalía, pues dispone que si advierte que el colaborador no ha jugado limpio (ha mentido u ocultado información), no habrá acuerdo. Incluso, si este hubiera sido aprobado y se descubriera la trampa con posterioridad, faculta al fiscal a pedir su revocatoria, y de obtenerla, acusarlo y perseguir su condena. El acogido sabe que pende sobre su cabeza una espada de Damocles que se puede activar si se descubre que está engañando a su contraparte.

Salvo algunas críticas destempladas y sin fundamento, luego de las explicaciones de fiscales y procuradores, el acuerdo fue bien recibido. La información que se obtuvo gracias a este posibilitó fortalecer los procesos en curso, abrir nuevas investigaciones, congelar fondos millonarios e identificar y capturar a quienes se reveló como los actores principales de estas corruptelas. En suma, un buen negocio para el Perú.

El problema no resuelto del todo es que los montos de los sobornos –incluyendo el financiamiento de campañas políticas– no terminan de calzar. La cifra declarada por Odebrecht en el acuerdo con Estados Unidos hace más de dos años resultó siendo mucho mayor, llegando a por lo menos US$45 millones en 14 proyectos. Hoy se sabe que solo a Toledo, Odebrecht le pagó US$27 millones.

Si bien es cierto la negociación entre la constructora brasileña y las autoridades peruanas es un proceso dinámico y no terminado, el descalce genera confusión.

En días pasados, una nueva revelación del consorcio periodístico ICIJ demuestra que Odebrecht no ha contado la historia completa y que ha pagado decenas de millones adicionales en República Dominicana, Ecuador, Panamá y el Perú, sin que esta sea una lista cerrada. En el caso peruano, se han detectado US$3 millones adicionales relacionados con el gasoducto del sur, proyecto en el que los brasileños dijeron que no habían sobornado.

Aunque la naturaleza de estos pagos no está del todo clara, esta situación ha aumentado la confusión y, por supuesto, proporcionado munición a los críticos de siempre para inflamar sus discursos de plazuela exigiendo que se anule el acuerdo, se embarguen los bienes de la empresa, etc.

Soy de los que piensan que el acuerdo es positivo y largamente favorable a los intereses del país, y que es el resultado de un trabajo responsable de fiscales y procuradores. Sin embargo, en aras de la estabilidad del mismo, y pensando en el beneficio que futuros acuerdos pueden aportar al desarrollo de las investigaciones, contribuyendo a que sepamos la verdad completa, recuperemos al máximo lo que nos han robado y se sancione a todos los responsables sin excepción, es necesario un esfuerzo de transparencia que informe mejor a la opinión pública de lo que está pasando.

Es tiempo de ajustar la tuerca al colaborador para asegurarnos de que está actuando con verdad y no está manipulando el proceso de colaboración, y a la vez, ya que ha sido aprobado, de hacer públicas las cláusulas del acuerdo que expliquen por qué solo se han contemplado cuatro proyectos, qué ha dicho Odebrecht sobre todos los demás, cuáles son las consecuencias pactadas si falta a la verdad, y si el proceso de negociación va a seguir y cómo.

Si por alguna razón de estrategia procesal, el acuerdo no puede ser publicado, corresponde al coordinador del equipo especial de la fiscalía informar a la opinión pública de estos aspectos.

El viernes pasado, la Comisión de Alto Nivel contra la Corrupción (CAN) elevó un pedido en ese sentido a la Fiscalía de la Nación. Por el bien del proceso anticorrupción, que tanta importancia tiene para nuestro futuro, esperamos sea atendido a la brevedad.