La infraestructura por la infraestructura

Después de ver las dificultades que tuvo en sus inicios la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) para simplemente reconstruir –no hablemos de cambiar– la infraestructura dañada por El Niño costero en el 2017, uno tiene derecho a ser escéptico sobre la efectividad de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANI) que el Gobierno ha propuesto crear. ¿No se estará repitiendo el error de superponer una nueva entidad donde ya existen ministerios encargados de hacer carreteras y hospitales?

Probablemente sí. La conformación de un directorio integrado por siete ministros podría darle a la ANI el peso político que le faltaba a la ARCC, pero también podría paralizarla si los ministros no asisten a las sesiones porque se les presentan otros asuntos más urgentes que atender (que es lo que le solía pasar a la Copri o comisión de privatización en los años 90).

El principal problema con la ANI, sin embargo, no es de índole administrativa, sino económica. No hay ni una sola palabra en la propuesta legislativa ni en su verbosa exposición de motivos sobre la aplicación de criterios de selección de proyectos que aseguren que estos contribuyan al bienestar nacional.

Sabemos que se ocupará de proyectos “emblemáticos”, que requieran una inversión de S/200 millones o más, pero no tendrá ninguna obligación de someterlos a un análisis que demuestre que los beneficios serán mayores que los costos; o sea, que serán S/200 millones bien invertidos. Esta no es una exquisitez intelectual, sino una necesidad, particularmente en un país con tantas carencias y tan pocos recursos.

Lamentablemente, los años de relativa abundancia fiscal llevaron a un relajamiento progresivo de la disciplina de evaluación de proyectos, primero con los “perfiles recargados” del segundo gobierno de García y luego con el “enfoque de brechas” del gobierno de Kuczynski. Es obvio que toda inversión se hace con el objetivo de cerrar algún tipo de brecha, alguna deficiencia en la oferta con respecto a la demanda real o potencial; pero la pregunta para un economista es si esa brecha puede cerrarse a un costo que valga la pena pagar. Esto no quiere decir que el economista deba tener la última palabra sobre la ejecución de un proyecto. Lo que quiere decir es que el político que está llamado a decidir debe tener conciencia de los efectos económicos. Si, a pesar de eso, cree que hay buenas razones para ejecutarlo –al proyecto, no al economista–, pues que así sea.

Tenemos la impresión de que los funcionarios del Ministerio de Economía que han participado en la elaboración de esta propuesta lo tienen claro. En algunos pasajes de la exposición de motivos se habla de la necesidad de darles a los políticos “toda la información necesaria para tomar las decisiones correctas” y se cuestiona a los gobiernos locales y regionales por priorizar obras sin mayor impacto social, “debido a la inexistencia de criterios apropiados, consistentes y ajenos a la politización” para la selección de proyectos. Parecería que hasta allí nomás se les ha escuchado. Por designio o por desidia, la creación de la ANI todavía dejaría un margen para la politización.