¿Debería haber voto electrónico en el Perú?

Nuestro sistema electoral tiene varias virtudes: el voto lo cuentan ciudadanos sorteados, no funcionarios; las autoridades electorales no son nombradas ni removidas por el poder político; y las actas en las que se cuentan los votos son subidas inmediatamente a la web de la ONPE, lo que nos permite a todos fiscalizar el conteo en vivo.

Dicho esto, lo ocurrido el último 12 abril demostró que basta con que confluyan solo unas cuantas fallas logísticas –problemas con la distribución, fallas con el sistema de ayuda al escrutinio u otros similares– para que pueda afectarse gravemente el derecho al voto y, con ello, erosionarse gravemente la confianza en el resultado.

Las estrategias que sigamos para empezar a recuperar esa confianza deben ser múltiples. Pero sea cual sea el camino, no deberíamos ignorar hacia dónde avanza hoy el mundo y qué ya funciona en otros países. En ese sentido, quizá el estándar global más alto de un sistema electoral moderno y funcional es el de Estonia, que vota por Internet desde el 2005 y en donde hoy cerca de la mitad sufraga en línea con identidad digital y firma criptográfica. Allá tardaron más de dos décadas en desarrollar ese sistema, que implicó varios procesos de auditorías públicas y consensos políticos. No lo lograron de la noche a la mañana.

El Perú ya intentó implementar gradualmente el voto electrónico hace más de una década, pero ese piloto fue finalmente desestimado. La lección, sin embargo, no debería ser cerrar la puerta, sino elaborar un plan serio y por etapas para eventualmente lograrlo. Podría empezarse, por ejemplo, solo con peruanos en el exterior; y luego continuarse con distritos piloto que sean auditados.

Si pensar que hoy estamos lejos nos frena, ¿cuándo empezaremos? Que el Perú logre implementar un voto electrónico seguro sería una revolución. Si no empezamos pronto, nuestros nietos seguirán votando en papel.

Vivimos en un mundo en el que la tecnología es parte de nuestro quehacer diario. Desde cómo nos comunicamos a cómo conseguimos trabajo, pasando por cómo desarrollamos nuestras relaciones humanas o cómo accedemos a sistemas médicos. Sin embargo, y aunque suene paradójico, el uso de voto electrónico presencial (máquinas de votación) o voto digital (mediante plataformas web) no debe implementarse por ser contrario a los principios básicos del secreto del voto y de la auditoría pública de las votaciones.

Y es que no siempre la tecnología es la solución a todos los temas humanos. El hecho de que puedas colocar criptografía asimétrica o cadenas de ‘blockchain’ no hacen el voto secreto, hacen que sea difícil de establecer la vinculación entre el individuo y su voto, pero no lo hace imposible (más aún si pensamos en los cercanos computadores cuánticos que harán que los sistemas de criptografía actuales se vuelvan obsoletos rápidamente). Es decir, aunque pueda parecer que es lo mismo que ir a un cajero automático o usar una aplicación de comida rápida, el principio constitucional requiere que el voto sea secreto, siempre. Así lo entendió el JNE cuando en diciembre pasado suspendió el despliegue del voto digital para las elecciones presidenciales.

Al mismo tiempo, el escrutinio de los votos debe ser público. Cualquier ciudadano debería poder presenciar dicho proceso; en los sistemas automatizados se “transfiere” dicha auditoría a una “confianza en el sistema” y, por ende, en quienes hicieron el sistema. Esta fue la postura de la ONPE para insistir en el voto digital.

No se trata de un rechazo de la tecnología; se trata de un respeto absoluto a los principios de los derechos humanos y constitucionales vinculados a la expresión más democrática que tenemos: votar con la confianza de que nadie sabrá por quién votaste, pero al mismo tiempo pueda permitirse el escrutinio público.