De 66 “imputables” a 72… y quizás más

Semana a semana, los congresistas están demostrando que ellos son los que cortan el jamón en el Estado y que, con la voracidad que exhiben, a este paso no habrá ni queso para el Ejecutivo, el Poder Judicial y el sistema electoral. Una actuación que es grotescamente desproporcional al nivel de reconocimiento que tienen. En la encuesta más reciente disponible, la del IEP, un promedio del 6% los respalda a nivel nacional y en Lima llegan a un piso del 4%.

Me concentraré en lo que hacen con los temas de justicia y libertad de expresión, donde el objetivo es limarles las uñas lo más posible. En ello tienen un rol primordial los congresistas con investigaciones penales de distinto tipo o que saben que las van a tener pronto.

La semana pasada daba cuenta en estas páginas de que, si se suma a los investigados por el Ministerio Público bajo el sombrero genérico de ‘Los Niños’ con mochasueldos, que tienen buenas razones para saber que tendrán deudas que pagar con la justicia, existen 66 congresistas “imputables”.

Pero no había contabilizado un rubro muy importante: el de los congresistas con investigaciones penales vigentes, previas a su elección. Sin embargo, el Centro Liber del Instituto Prensa y Sociedad había obtenido esta información vía la ley de transparencia y acceso a la información pública.

Lo que de ahí emerge es tan revelador como alarmante.

Resulta que 16 de los 130 congresistas traían en sus mochilas un total de 48 investigaciones penales. Actualizado a enero del 2022, no incluye el nuevo juicio por terrorismo contra tres congresistas, pero ello no influye en el número total, porque estos tres ya figuran en otras investigaciones.

El epítome del problema que enfrentamos lo constituye aquel congresista al que corresponden 24 de las 48 investigaciones (tres en etapa de juzgamiento). De estas, 17 son por colusión simple o agravada, cinco por negociación incompatible o por peculado. No creo que sorprenda a nadie que el personaje ya estaba mencionado en las listas de investigaciones presentadas.

Otro caso emblemático es el de una congresista que viene de atrás con una investigación ya formalizada por peculado, que está en la lista ampliada de ‘Los Niños’ y también en la de mochasueldos.

De hecho, solo seis de los 16 son sumables a los 66 iniciales, los demás son repitentes de otras listas. Ello eleva a 72 el número de congresistas “imputables”. Son ya, en conjunto, una mayoría holgada.

Otro dato descorazonador es que ninguno de los diez partidos que pusieron congresistas para el período en curso puede negar que al menos alguno de los suyos esté entre estos 72. La que empezó como la bancada más grande tiene un porcentaje muy alto de sus miembros entre los 72. Y, para ser justos, solo una bancada numerosa puede reivindicar que, porcentualmente, su implicación es bien baja.

Ahora bien, este número de 72 puede aumentar. Por ejemplo, el caso del noveno sindicado por “Punto final” como mochasueldo (que no se suma porque también es repitente) tiene de especial que, entre otras mochadas que se le atribuyen, intentó una luego del reciente y jugoso bono para los trabajadores. Es decir, se atrevió a reincidir cuando ya otros ocho habían sido descubiertos. ¿Un llanero solitario? Difícil de creer.

Con este nuevo conteo tengo que corregir mi columna anterior: no fueron 46 de 87 los votos que los “imputables” aportaron para la cuestionada elección del defensor del Pueblo, sino 50.

En ese contexto debe verse la reciente promulgación de la ley sobre plazos de la suspensión de la prescripción de delitos, reduciéndola a un año, sin distinguir entre casos simples, complejos y de crimen organizado. Esta se aprobó contra la opinión del Ministerio Público y el Poder Judicial y, muy mal síntoma, no fue observada por el Ejecutivo.

La norma, que obtuvo 87 votos, 50 de ellos de los “imputables” (solo cuatro de estos votaron en contra), ha recibido un plural rechazo, porque favorece la impunidad.

Hay otros temas que preocupan con relación a la actitud del Congreso frente al sistema de justicia.

Por ejemplo, la acusación constitucional contra la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos por no haber inaplicado el artículo 117 de la Constitución, excluyendo así hasta el final de su mandato a Pedro Castillo de las investigaciones por corrupción. A mi juicio, le faltó la visión que sí tuvieron luego Pablo Sánchez y Patricia Benavides de hacer la lectura del artículo en el marco más amplio de la Constitución y los tratados de internacionales.

Pero acusar a Zoraida Ávalos constitucionalmente por eso es una barbaridad y una inaceptable intromisión en las decisiones de otro poder del Estado, algo que tímidamente se los recordó la Junta Nacional de Justicia (JNJ), siendo la reacción inmediata de una congresista (ajena a los 72) la de plantear una acusación contra todos sus miembros y pedir que los inhabiliten por diez años. Todo esto, estando cercana la elección de los nuevos miembros de la JNJ que deciden sobre nombramientos, ratificaciones y remociones de jueces y fiscales.

La democracia tiene uno de sus pilares en la separación de poderes, lo que debe ser nutrido por sus protagonistas y no vaciarla de contenido.