Derechos en peligro

Nuevamente, los derechos humanos en el Perú están en peligro y por dos razones. Primero, porque hace unos días la Comisión de Constitución aprobó un mecanismo legal que propone otorgar amnistía a integrantes de las Fuerzas Armadas, de la policía y de los comités de autodefensa que participaron en el conflicto contra los criminales de Sendero Luminoso.

Como se sabe, algunos militares, policías y miembros de los comités de autodefensa están procesados y condenados por cometer delitos. Entonces, hay que diferenciar entre aquellos que lucharon heroicamente para defender la vida y la democracia, de aquellos que en el ejercicio de sus funciones se extralimitaron y cometieron diversos delitos. Darles amnistía sería un pésimo ejemplo para la moral de la nación.

Además, de aprobarse la amnistía, sería improcedente, como afirman expertos constitucionalistas, porque no especifica casos concretos. Dos expresidentes del Tribunal Constitucional, como los doctores Óscar Urviola y Ernesto Álvarez, así como el doctor Aníbal Quiroga coinciden al argumentar que la llamada “fórmula legal” pro amnistía puede caerse ante el Tribunal Constitucional o en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en caso de ser aprobada por el pleno del Congreso. Además, como explica Quiroga, para la corte “no existen las amnistías generalizadas, bajo ningún pretexto”. En consecuencia, esta propuesta que tiene limitaciones éticas y jurídicas no debe prosperar.

La segunda razón es la propuesta del presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, quien durante su exposición ante el pleno del Congreso planteó la formación de una comisión amplia para que se estudie y luego proponga si el Perú debe continuar en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Preguntamos: ¿por qué el Perú debería salirse de un sistema que protege los derechos humanos en el continente americano?

Esta propuesta tiene un trasfondo político e ideológico, obedece a una tendencia de corte autoritario y retrógrado contra la protección de la dignidad humana y puede servir a quienes han violado los derechos humanos en nuestro país, e igualmente cortar las posibilidades de los peruanos para apelar a un organismo internacional cuando sus derechos humanos, cualquiera que ellos sean, han sido seriamente violados. Si el Estado Peruano ha perdido algunos casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ello no justifica que nos retiremos del sistema, porque precisamente la autoridad en un Estado de derecho debe defender al ciudadano y no aprovecharse de un cargo o de un grado para cometer o encubrir delitos. Y, por lo tanto, no poner en tela de juicio la importancia que tienen los organismos internacionales constituidos precisamente para defender los derechos humanos que son universales e iguales y deben estar al alcance de toda persona.