La imagen de Dina Boluarte con una sonrisa de oreja a oreja mientras que por detrás le jalaban los cabellos y por delante la zarandeaban es un fiel reflejo de la situación actual del Ejecutivo: un gobierno que se afana por mostrar su mejor rostro pese a que está con los pelos de punta y zamaqueado por la crisis económica y la inseguridad ciudadana.
La agresión sufrida por la presidenta en Ayacucho puso en bandeja al Gobierno el pretexto perfecto para remover a un funcionario al que desde hace tiempo tenía en la mira: el excomandante general de la policía Jorge Angulo. La responsabilidad de la seguridad de la mandataria corresponde a la Casa Militar de Palacio de Gobierno (cuyo jefe recién fue cambiado este sábado), pero la primera cabeza que rodó fue la de Angulo.
Fue llamativa también la forma en la que se dio el cese del oficial. La resolución que da por concluido su nombramiento detalla una serie de argumentos, que más parecen excusas, para adoptar la medida como que “no se ha logrado disminuir la criminalidad” o “se han evidenciado negligencias muy graves en el control y comando”. Algo pocas veces visto, ni siquiera en los casos de comandantes generales que han abandonado la institución en medio de graves cuestionamientos o denuncias por corrupción. El maltrato llegó al extremo de no tener la cortesía de darle las gracias por los servicios prestados.
La fallida presentación del ministro del Interior, Víctor Torres, ante la Comisión de Defensa del Congreso aumentó las suspicacias sobre el motivo real del pase a retiro de Angulo. Ensayó algunos argumentos bastante jalados de los pelos para intentar justificar el relevo policial y no supo explicar cuál fue la causa legal de la remoción. La Ley 31570 establece que el período de un comandante general de la PNP es de dos años y Angulo solo tenía 10 meses en el cargo. Torres se limitó a decir que la ley no está reglamentada, pero olvidó mencionar que quien debe reglamentar esa norma es justamente el propio Poder Ejecutivo.
Los ímpetus iniciales en el Congreso apuntaban a una interpelación y eventual censura del ministro. Los pedidos de renuncia provenían de grupos tanto de izquierda como de derecha. Sin embargo, la bajada de llanta a los afanes fiscalizadores provino de Fuerza Popular, bancada en la que no hay ánimos de sumarse a una posible moción contra Torres. La posición del fujimorismo puede desanimar a otras agrupaciones pues es poco probable que alguien quiera presentar una iniciativa sabiendo que no tendrá respaldo.
Hasta el momento, las principales bajas que ha dejado la inaceptable jaloneada capilar en Ayacucho son Angulo y el jefe de la Casa Militar de Palacio. Víctor Torres continúa tranquilamente en su despacho, coleccionando las cartas de renuncia de altos funcionarios del Ministerio del Interior, como si con él no fuera la cosa. Sin que se le mueva un solo pelo.