La opinión del presidente Donald Trump sobre el tráfico de drogas entre América Latina y su país peca de unilateral. Por sus iniciativas políticas prácticas y su discurso, el mandatario parece creer que todos los males vienen del sur del continente.
Sin embargo, el Gobierno Estadounidense no siempre ha opinado igual. Hace solo dos años, Todd Robinson, exsubsecretario de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y de Aplicación de la Ley del Departamento de Estado, aseguró que, ante la crisis de los opioides, EE.UU. atendería el tráfico de drogas como un asunto de salud pública. Reconoció, además, que “Estados Unidos y México tienen responsabilidades compartidas en la lucha contra el fentanilo” (“El País”, 25/4/2023).
En esa misma ocasión, Robinson fue explícito: “Me gusta hablar de esto en términos de responsabilidades compartidas, porque hay aspectos de este problema en ambos lados de la frontera. Estamos hablando del aumento de muertes por sobredosis [con opioides sintéticos] en Estados Unidos en los últimos dos años. Mientras que el problema en México es la violencia que rodea a las redes que se dedican al tráfico de estas drogas y el dinero al que tienen acceso para fortalecer sus redes. Así que ambos países tenemos obligaciones y responsabilidades con nuestros ciudadanos”.
Desde otro ángulo, Heide Fulton, también antigua subsecretaria de la mencionada entidad, apuntaba en dirección similar: “Las armas que entran a México regresan a Estados Unidos como drogas” (“El País”, 31/3/2022).
Si bien con el arribo del presidente Trump este punto de vista ha dejado de ser oficial en el gobierno, la preocupación por la responsabilidad compartida no debe desaparecer de las políticas de lucha contra las economías ilegales del Perú y otros países de América Latina. Es imposible imaginar éxitos si no existen y se fortalecen formas de cooperación.
No se trata solo de la lucha contra el narcotráfico. Tampoco se tendrá éxito en la lucha contra la minería ilegal –en particular, la del oro– si no se consolidan estas formas de cooperación con los países vecinos y con los grandes compradores de oro a nivel global. Esta cooperación, por su importancia, debe trascender las diferencias políticas entre los gobiernos.
El Perú tiene una responsabilidad particular en cuanto a los negocios ilegales en su territorio. Sin embargo, es evidente que la oferta local no podría sostenerse sin los lucrativos alicientes que genera la demanda, y en el caso del narcotráfico, sin los mecanismos que permiten el lavado de dinero a gran escala.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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