El desafío es ejecutar

La presidenta electa ha planteado tres prioridades para el inicio de su gobierno, que asumirá el 28 de julio: solicitar facultades legislativas para enfrentar la inseguridad ciudadana, impulsar inversiones –con énfasis en las obras de prevención frente al fenómeno de El Niño– y poner en marcha un ‘shock’ desregulatorio. Si los acuerdos políticos con el Congreso prosperan en las próximas semanas, el arranque de la nueva administración podría ser auspicioso.

Sin embargo, como la propia Keiko Fujimori ha reconocido, la dimensión de los problemas exige mucho más que voluntad política o equipos técnicos competentes. El principal reto será convertir los anuncios en capacidad efectiva de gestión.

El caso de la inseguridad ciudadana es ilustrativo. Para enfrentar la extorsión y el crimen organizado, Fujimori necesita que el Parlamento le otorgue facultades legislativas, pero Fuerza Popular tendrá apenas 30% de representación en el nuevo Congreso bicameral, por lo que dependerá de una negociación real, no de un trámite automático con las fuerzas políticas del Parlamento. Por ejemplo, en el 2021 se presentó un pedido de facultades que estuvo estancado casi dos meses. La lección es que, sin acuerdos previos, ningún Legislativo actuará siquiera en una crisis de seguridad que no da tregua.

Más urgente aún es el frente de El Niño. Según el SIAF del Ministerio de Economía, en la partida destinada a inversiones en reducción de vulnerabilidades y atención de emergencias apenas se ha ejecutado el 29% del Presupuesto Institucional Modificado, en los tres niveles de gobierno. Casi la mitad de esos recursos corresponde a gobiernos locales.

En circunstancias normales, una ejecución moderada durante la primera parte del año no sería motivo de alarma, pues las obras de infraestructura suelen concentrar el gasto en el último trimestre. Esta vez, sin embargo, el calendario juega en contra. El Senamhi ha advertido que el período de lluvias podría adelantarse a setiembre reduciendo considerablemente el margen para culminar intervenciones preventivas si se espera al último trimestre, justo cuando El Niño estará haciendo pleno “berrinche”. Como quedó demostrado durante El Niño costero del 2017, la magnitud de los daños depende tanto del fenómeno climático como del nivel de preparación gestionado por el Estado.

En La Libertad –junto con Piura, la región más golpeada en el 2017– solo se ha ejecutado el 5,1% de los S/10 millones asignados para obras de prevención. La mitad de ese presupuesto se destinó al sistema de alerta de deslizamientos del cerro La Esperanza, en Pataz, pero no se ha ejecutado nada. Y para estos mismos fines de prevención se incluyeron S/3,7 millones para el “mejoramiento del palacio municipal” de Santiago de Chuco, una intervención que no reduce ningún riesgo inmediato. Si observamos el resto del norte, el patrón se repite: Piura ha ejecutado 39,5%, Lambayeque 43,5% y Tumbes apenas 6,2%.

El problema, por tanto, no es la disponibilidad de recursos, sino la limitada capacidad para ejecutarlos. No sorprendería que el próximo gobierno recurra a decretos de urgencia para acelerar procedimientos, pero ninguna medida excepcional sustituye una administración pública capaz de planificar y ejecutar oportunamente.

Esa misma variable –capacidad de gestión, no solo voluntad de simplificar normas– define el éxito del ‘shock’ desregulatorio. El recambio de autoridades municipales en enero del 2027 abre una ventana para revisar procedimientos que hoy elevan costos y otorgan amplios márgenes de discrecionalidad a los gobiernos locales en licencias de funcionamiento, TUPA municipales, zonificación, etc. Corregir esos incentivos será políticamente más viable antes de que las nuevas gestiones se instalen.

El nuevo gobierno tendrá oportunidades desde el primer día. La diferencia no estará en la cantidad de anuncios, sino en su capacidad para resolver un problema que el país arrastra desde hace décadas: un Estado del que se espera mucho más de lo que logra ejecutar.