En el Perú, se registran cada año 7,6 muertes por cada 100.000 habitantes a causa de la exposición a servicios inseguros de agua, saneamiento e higiene (OMS, 2023), y nos ubicamos como el tercer país con más alta tasa de muerte en Sudamérica. Esas muertes están directamente relacionadas con episodios de enfermedades diarreicas e infecciones por nematodos intestinales. Adicionalmente a las muertes, hay un grupo de personas que se enferman cada año debido a que carecen o tienen acceso a servicios de agua y saneamiento de mala calidad; entre ellos, niños con algún grado de desnutrición proteico-energética que ocasiona además retraso en su crecimiento. Por esta razón, dichos servicios son considerados básicos, en la medida en que están asociados a la salud, el bienestar y la dignidad de las personas.
La evaluación del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) por la ONU se encuentra a la vuelta de la esquina. Estamos a escasos siete años de que el Perú y 192 naciones den cuenta del compromiso que asumieron de garantizar el acceso universal al agua y saneamiento gestionado de forma segura al 2030, lo que requiere que la población nacional no solo tenga acceso a dichos servicios, sino que estos además sean de calidad. Esto quiere decir, por ejemplo, que, para el caso del agua, este recurso debe estar disponible para toda la población y libre de contaminantes, mientras que en el caso del saneamiento los lodos fecales se dispongan de manera efectiva.
Sin embargo, este esfuerzo internacional para incentivar a los países a garantizar buenos servicios para toda su población aún contrasta con la realidad en nuestro país. Según últimas cifras oficiales, solo el 40,6% de la población tiene un servicio de agua disponible y salubre, el 58,9% cuenta con acceso a servicios de saneamiento cuyas excretas se disponen de forma segura y apenas el 65,3% de las aguas residuales son tratadas efectivamente. Por otro lado, el Perú se encuentra entre los cuatro países con mayor población que realiza la defecación al aire libre, con alrededor de un millón de peruanos que continúan con esta práctica con serias consecuencias para la salud y el medio ambiente (JMP 2022).
Los resultados de la última evaluación de los servicios de agua y saneamiento en América Latina y el Caribe (Glaas, por sus siglas en inglés) dan cuenta de que en los países de esta región se ha avanzado considerablemente en la elaboración de planes y normas sobre agua y saneamiento; no obstante, no se pone énfasis en la implementación.
Al respecto, se distinguen tres aspectos claves, que se deben considerar en la elaboración de esos planes: la determinación de la cantidad de recursos humanos necesarios, así como el fortalecimiento de capacidades; el financiamiento asociado a cada línea estratégica del plan; y el monitoreo y seguimiento de resultados. En resumen, hemos avanzado en planificar y hacer normas, pero no en asegurar el suficiente capital humano y financiamiento.
La solución a este problema implica varios factores y el uso de diferentes herramientas, algunas más eficientes que otras, de las que mencionaré las más importantes. Primero, la sistematización y el análisis de las cuentas en agua, saneamiento e higiene –TrackFin–, que hace un balance de todos los gastos e ingresos que se realizan en el sector. El último ejercicio realizado en el Perú da cuenta de que el gasto total en agua, saneamiento e higiene representa apenas el 1,3% del PBI y que el monto de las tarifas y la cuota familiar que pagan todos los usuarios representan el 41% del total del financiamiento necesario para operar los servicios, poniendo el mayor peso del mantenimiento de los mismos en las transferencias fiscales.
No obstante, existe aún un margen para ampliar el monto recaudado por tarifas; es decir, que la valoración del servicio sería mayor y los usuarios estarían dispuestos a pagar un monto mayor de la tarifa si a cambio tuvieran un servicio de mejor calidad como, por ejemplo, que se incremente el número de horas promedio de servicio de agua al día o que sea esta sea salubre; esto es, que sea apta para el consumo humano.
Una segunda herramienta es la elaboración e implementación de los planes de seguridad del agua resiliente al clima, y es este un método de evaluación del sistema, desde la fuente de agua hasta la última vivienda, al establecer una matriz de riesgos reales y potenciales, a partir de la evaluación de un grupo de expertos que realizan recomendaciones específicas para cada sistema, de tal forma que las mejoras sean implementadas en el corto, mediano y largo plazo.
Para el caso del saneamiento, existen los planes de seguridad del saneamiento que tienen una mecánica similar al caso anterior, solo que la evaluación se hace desde el sistema de saneamiento disponible del hogar al sistema de alcantarillado, las plantas de tratamiento de aguas residuales, así como la verificación del cumplimiento de la norma nacional respecto de la calidad de aguas residuales dispuestas al medio ambiente.
Sin duda, mejorar la situación del sector agua y saneamiento representa todo un desafío; no obstante, tenemos que ser capaces de ir en la dirección correcta, identificar las verdaderas causas de los problemas, usar las herramientas disponibles, monitorear resultados con base en los planes y normas elaboradas, pero lo más importante es implementar, porque los verdaderos desafíos se encuentran lejos de un escritorio.
EEUU
