Sobre los procesos de reforma del sistema de la justicia se ha dicho mucho año tras año en un marco de vicisitudes y turbulencias de nuestra vida republicana. La agitada historia reciente nos da cuenta de que desde 1960 a la fecha se han creado un poco más de 16 comisiones de reforma de todos los niveles para abordar tan espinoso tema. El Perú vive haciendo y deshaciendo comisiones de tiempo en tiempo, como ha ocurrido con el número de constituciones políticas.
A vísperas de las elecciones, un común denominador nuevamente se identifica del debate presidencial -terreno no exento de pullas y moretones- y de las propuestas de los planes de gobierno: reforma integral de la justicia o reorganización del sistema judicial. Así como se escucha, suena bien; empero, cuidado con las reformas de traje o torcidas que terminan finalmente convirtiéndolas en expresiones trilladas.
La reforma de la impartición de la justicia debe plantearse mínimamente en cuatro grandes bloques o dimensiones: normativa, organizativa, implementación-seguimiento y de la capacitación-cultura (para seguir a Gonzáles y Cooper). Ese carácter multidimensional y permanente tiene en la democracia constitucional el espacio propicio para su desarrollo y significa también invertir en la magistratura (alto grado de prioridad, como acertadamente señalan las Naciones Unidas y la OEA).
Invertir en la impartición de justicia para disminuir la brecha permanente supone replantear el modelo consensuado de definición presupuestal, que en la práctica podría estar desprovisto de los principios constitucionales básicos: competencia y justicia presupuestaria; debiendo involucrar la optimización de técnicas presupuestarias asociadas a resultados en búsqueda de las cuatro “e”: eficiencia, eficacia, economía y equidad en la gestión judicial.
Repensar la justicia “sin” los jueces o “sólo” de jueces no funciona; por ello, el Poder Judicial debe asumir el rol protagónico de liderar una reforma participativa y sistémica con la actuación indispensable de los diferentes poderes públicos, sectores de la sociedad, de los gremios y de la universidad. Sin la sinergia y el diálogo interpoderes, sin el compromiso político, institucional y económico del binomio ejecutivo-legislativo, el camino será muy difícil y complicado.
En consecuencia, una transformación judicial sin asignación presupuestal suficiente y sin intencionalidad política para hacerlo termina siendo hueca, como ha ocurrido con los dos momentos estelares de la reforma del siglo XXI, Ceriajus y el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia.
Para no hablar de una renovación de papel o de la “inutilidad” de la reforma, esta debe ser desde sus bases (construida desde abajo hacia arriba), como es la necesidad de una reingeniería de la formación inicial y continua de los cuerpos judiciales y fiscales; y debe tocar la cima del Poder Judicial y del Ministerio Público (desde arriba hacia abajo), como es el certiorari y la función nomofiláctica en la Corte Suprema de Justicia, cambios sustantivos en los órganos de gobierno y sincerar el número de jueces y fiscales supremos.
En esta “ola” de reestructuraciones se debe implementar un Sistema Nacional Especializado de Justicia Constitucional al compás de los avances de la interoperabilidad entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.
La transformación de la justicia es todo un proceso continuo de políticas públicas y medidas concretas, un devenir haciéndose constantemente por las exigencias sociales, hacia una justicia independiente, predecible, confiable, moderna y hacer de carne y hueso a los millones de peruanos invisibles, en tanto la judicatura nacional en una democracia no es solo un poder necesario per se; apunta a ser eficiente y justo por sus resultados.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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