La semana pasada, EE.UU. bombardeó un barco en el Caribe que el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró parte del grupo “narcoterrorista” Tren de Aragua, constituyendo una amenaza a la seguridad nacional. Las fuerzas militares de EE.UU. mataron a 11 personas supuestamente narcotraficantes venezolanos.
La Casa Blanca justificó esta medida extraordinaria tras haber designado al Tren de Aragua y otros cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras. Prometió que EE.UU. seguirá destruyendo objetivos similares que, según afirma, amenazan al país.
El problema es que este tipo de acción militar es completamente ilegal e innecesaria, y abre las puertas a abusos militares unilaterales, profundizando aún más la presidencia imperial.
El mero hecho de haber declarado que ciertos cárteles son organizaciones terroristas no le otorga al presidente Trump ninguna autoridad para ordenar ataques militares contra ellas. Esta acción sigue siendo un acto bélico que el Congreso debe autorizar, a menos que se haya presentado una amenaza inminente a EE.UU. que no diera tiempo para solicitar el permiso de los legisladores.
Ese no ha sido el caso aquí. No existe tal autorización. Al menos después de los ataques terroristas en EE.UU. en el 2001, el Congreso aprobó una “autorización para el uso de la fuerza militar” ese año y el siguiente. Con esa autoridad legal, a pesar de ser demasiado amplia, se permitió la lucha antiterrorista en Medio Oriente e incluso la guerra en Iraq.
Tampoco es creíble que EE.UU. sufra repentinamente de un riesgo inminente de seguridad nacional. La demanda y el tráfico de drogas han sido una constante por décadas. Trump es un presidente que declara amenazas a la seguridad nacional de manera frívola. Así sucedió cuando proclamó que los déficits comerciales representaban una amenaza a la seguridad nacional y justificó así la imposición de aranceles contra el resto del mundo, a pesar de que EE.UU. ha mantenido déficits por unos 50 años.
El abogado Ilya Somin observa que las fuerzas militares podrían haber detenido el barco, como es costumbre en este tipo de interdicciones, y arrestado a los sospechosos, pero decidieron no hacerlo. Se trataba de “una cuestión de aplicación ordinaria de la ley y no justifica matar a personas sin el debido proceso”. Hasta ahora, la Casa Blanca no ha explicado por qué no pudieron aplicar la ley en lugar de bombardear el barco.
Si aceptamos las justificaciones de Trump, tendríamos que aceptar ciegamente que quienes perdieron la vida estaban traficando drogas y formaban parte del Tren de Aragua. Pero no ha presentado ninguna prueba de ello, solo aseveraciones. No sabemos si en realidad se trataba de inmigrantes, delincuentes que se dirigían a otro país o disidentes huyendo del régimen venezolano.
Es posible que lo que dice la Casa Blanca sea cierto en este caso, pero no hay razón para tomar su palabra, sobre todo cuando ha hecho y sigue haciendo tantas afirmaciones falsas sobre los numerosos inmigrantes que han deportado por la fuerza. Incluso si no se equivocaron esta vez, es seguro que ocurrirá en el futuro.
En todo caso, es un acto de barbarie, como lo reconoce el senador Rand Paul: “[El vicepresidente] Vance afirma que matar a las personas a las que acusa de un delito es ‘el mejor y más elevado uso que se le puede dar al Ejército’ [...] ¿Se ha preguntado alguna vez qué pasaría si los acusados fueran ejecutados inmediatamente sin juicio ni representación legal? Qué sentimiento tan despreciable y desconsiderado es glorificar el asesinato de alguien sin juicio previo”.
Luego de considerar la jurisprudencia estadounidense, Somin concluye que estas fueron “ejecuciones extrajudiciales ilegales”. Esta es una fase nueva en la fútil guerra contra las drogas.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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