Hecha la trampa, por Andrés Calderón

Guardo un especial cariño por el Indecopi. Fue mi primer trabajo al acabar la carrera de Derecho y el lugar donde me formé profesionalmente. Tuve grandes amigos, colegas y maestros, cuya principal enseñanza reposa en el significado de la vocación por la función pública sin sacrificar la excelencia en el servicio.

Por eso, lamento mucho la precaria situación en la que el Gobierno de Pedro Castillo ha colocado a una institución que históricamente ha sido reconocida por su independencia y capacidad técnica. No lo digo solamente yo. Lo evidencian los reportes de la OCDE y el BID, los galardones del Banco Mundial, y las revistas “Concurrences” y “Global Competition Review”, entre otros, las agencias de competencia extranjeras y un importante número de funcionarios, profesores y colegas a los que, cuando les cuento que soy del Perú en foros internacionales, inmediatamente se deshacen en elogios para el Indecopi.

Decepciona, pero no sorprende, la decisión antiética del Gobierno de nombrar a una persona sin experiencia ni méritos como Julián Palacín Gutiérrez a la cabeza de la autoridad de competencia y protección al consumidor. Peor aún, su militancia en Perú Libre y las celosas defensas mutuas que el sentenciado Vladimir Cerrón y él se han ofrendado, controvierten a Palacín para un puesto que debería estar lo más alejado posible de los vaivenes de la política.

Ya el primer ministro Guido Bellido había dado una muestra clara de la tunante estrategia del Ejecutivo. “Usted se olvida qué partido ha ganado las elecciones”, respondió el jefe del Gabinete de Ministros cuando se le cuestionó por la contratación de afiliados de Perú Libre en altos puestos estatales, como si la función pública fuera una propina a la militancia. Y cuando aparecieron los primeros escándalos de designaciones que no cumplían con el perfil técnico y que tuvieron que ser abortadas, espetó: “Todos los nombramientos que no violan ninguna norma, que están en el marco del Estado de derecho, van a continuar”. Fácilmente, Bellido pudo haber dicho: “Mientras no quebremos expresamente la ley, regalaremos puestos estatales a quien queramos”. O: “Hecha la ley, hecha la trampa”.

Con todas estas señas, parecía claro que el actual Gobierno buscaría copar todo espacio estatal, sin empacho, sin importarle la estabilidad del país o el buen servicio al ciudadano. Hace dos semanas advertí en esta misma columna que el Indecopi, junto con otras entidades técnicas, serían los siguientes botines a capturar y, lamentablemente, acerté. Si no hay una reacción fuerte de la sociedad civil, organismos constitucionalmente autónomos y del Congreso, el sendero de Castillo será el mismo que ya ha venido transitando, y veremos a más personas ocupando los organismos reguladores y los organismos técnicos especializados sin ninguna otra credencial válida más que un carnet con lápiz. La ley requiere ser más audaz cuando se enfrenta a un transgresor con alevosía.

El daño que ocasiona este tipo de decisiones afecta directamente a las entidades y a sus usuarios, pero largamente los trasciende. ¿Qué mensaje más desalentador puede haber para un funcionario público de carrera que el de un nuevo jefe que no acumula ni la quinta parte de su trayectoria profesional? Peor aún, ¿cómo se sentirán tantos profesionales capaces y subrepresentados por género, raza u origen, que depositaron su confianza en la palabra del maestro, para que Castillo la empeñe en un hijo de papá?