Perú desconectado

La calidad de la gobernanza regulatoria es indispensable para atraer la inversión privada y asegurar servicios públicos de calidad, especialmente en las zonas rurales donde persiste una significativa brecha de acceso. El Perú, en su proceso de adhesión a la OCDE, es evaluado por el Comité de Política Regulatoria (CPR), que analiza la alineación con las mejores prácticas internacionales.

El CPR subraya que una política coherente para las entidades reguladoras debe infundir confianza, asegurando decisiones objetivas, imparciales y sin conflictos de interés ni influencias indebidas. Estas últimas, conocidas como señales de captura regulatoria, son perjudiciales, pues socavan la confianza de los inversores y obstaculizan la competencia, afectando la expansión y mejora de servicios.

Lamentablemente, el sector de telecomunicaciones enfrenta varios desafíos: el cambio de propiedad de la empresa incumbente y la supervisión de sus concesiones; la vinculación entre la inseguridad ciudadana y el uso de celulares ha asignado nuevas funciones al Osiptel, lo cual añade complejidad y puede desviar el foco del mandato económico; el cambio acelerado por el avance tecnológico exige adaptación constante; la controversia por la remoción del anterior presidente y una presidencia interina con cambios significativos en puestos claves; y la alta rotación de funcionarios en el Estado que fomenta la lealtad política en lugar de la profesionalización, creando inestabilidad y poca predictibilidad.

Para abordar la brecha entre lo urbano y lo rural, existen mecanismos como Pronatel. No obstante, la capacidad de gestión regulatoria subnacional es insuficiente, lo que requiere adecuar los modelos regulatorios para la sostenibilidad y calidad del servicio. Para contrarrestar la captura regulatoria y alcanzar los objetivos, la gobernanza debe cimentarse en pilares claves que promueve el CPR:

Transparencia y participación pública, independencia y rendición de cuentas, coordinación efectiva, y uso de herramientas de política regulatoria como la evaluación de impacto regulatorio, fundamental para decisiones basadas en evidencia, considerando costos, beneficios y el impacto en pymes.

Una gobernanza regulatoria de alta calidad es el cimiento para la confianza de los inversores y la efectividad de los servicios públicos. En el sector de telecomunicaciones, especialmente en zonas rurales, invertir en marcos regulatorios transparentes, independientes y coordinados es invertir en el desarrollo, la inclusión y la calidad de vida, pues ofrecen certidumbre y predictibilidad con su visión estratégica del marco regulatorio. Este es un compromiso que rinde frutos en productividad y bienestar.