¿La crisis de Camisea se pudo evitar?

El incidente ocurrido el 1 de marzo en la estación de válvulas del km 43 del gasoducto de Transportadora de Gas del Perú (TGP), en el distrito de Megantoni, Cusco, que afectó al 45% de la oferta de energía del país que usa gas natural, desnuda la inseguridad de nuestro sistema energético peruano, al comprobarse su alta dependencia del gas transportado por un solo ducto.

Nunca debimos llegar a esta situación, si tan solo la empresa hubiera cumplido el artículo 5,8 del anexo I del contrato de concesión de transporte de gas natural por ductos del año 2000, que establecía que el sistema de transporte de gas debía ser “diseñado, construido, mantenido y operado para restringir paros no programados y proporcionar una disponibilidad de 99% para un año continuo”. A lo cual agrega que el sistema “deberá tener suficiente capacidad de respaldo y redundancia, así como efectivos procedimientos de mantenimiento para alcanzar la disponibilidad especificada”.

La redundancia no es otra cosa que tener más de un camino para que el gas llegue a su destino, por ejemplo, tener más de un ducto. Al menos, debería haberse construido los llamados “loops”, que son tramos adicionales de ducto paralelo al ducto existente, que usualmente se construyen en los segmentos donde las fallas serían más críticas. No es una redundancia total, pero reduce el riesgo de interrupciones. Nada de eso se ha construido. Ni siquiera tras la adenda del 2010, en la que se autorizó duplicar la capacidad de gasoducto. ¿Dónde han estado Osinergmin y el Ministerio de Energía y Minas para asegurar el cumplimiento del contrato?

Ahora bien, más allá de los transportistas afectados por la ausencia de GNV, el incidente ha afectado seriamente a los generadores eléctricos y sus clientes. Estas empresas tienen contratos de venta de energía con diversos clientes libres, que antes podían abastecer con energía adquirida a un costo marginal de alrededor de US$30 MW/h y que ahora ha pasado a costar 10 veces más, sin que ellos puedan trasladar al cliente la diferencia de precios.

La situación es tan crítica que ya hay generadores eléctricos que han cortado los contratos de venta de energía con clientes libres, al considerar que cumplirlos significaría incurrir en costos exorbitantes. Al ocurrir esto, los clientes pasan automáticamente a realizar retiros no declarados, que significa que para tomar energía del sistema deben pagar el precio del mercado spot, es decir, 10 veces más que lo que pagaban. Si esto empieza a ocurrir con todos los generadores, incluso en el abastecimiento a las distribuidoras, el impacto en el sistema sería terrible en términos económicos y de racionamientos.

La magnitud del evento hace que deba voltearse la mirada hacia Osinergmin, para que esta entidad supervise al milímetro el incidente ocurrido, a fin de determinar si hubo dolo o culpa en el comportamiento de TGP, que ya ha aceptado que el incidente se dio mientras se hacían trabajos de mantenimiento, para que esta empresa no se libere fácilmente de su responsabilidad argumentando que hubo un caso fortuito o de fuerza mayor. A menos que eso ocurra, TGP deberá indemnizar a todos los actores a quienes ha infligido daños económicos derivados de este incidente. Una indemnización que, si bien sería altísima, recaería en una empresa que desde el 2013 ha obtenido casi US$3.000 millones en dividendos.

El Osinergmin tiene ahora la responsabilidad de verificar si la deflagración se debió a fallas en los protocolos de integridad de ductos, deficiencias en los sistemas de detección y prevención o incumplimientos de las obligaciones de seguridad. Si este fuere el caso, no cabría alegar fuerza mayor, y la empresa tendría que indemnizar a todos los actores afectados.

Haber mandado a educación virtual a los estudiantes nos obliga a llegar hasta las últimas consecuencias para esclarecer responsabilidades.