Todo aquel que ocupa un alto puesto en la función pública democrática tiene que tener muy clara su disyuntiva de quedarse o irse frente a problemas de gran impacto nacional o internacional que está en condiciones de resolver o que en definitiva no está en condiciones de resolver.
En el Perú hace mucho tiempo que esta disyuntiva se ha devaluado tanto que no solo no funciona, sino también que ha pasado a formar parte de un revés insólito y ciertamente cínico: la vocación de renuncia tanto no existe como sí existe la vocación del entornillamiento en cargos y competencias.
Aunque sus predecesores no lo hicieron cuando tuvieron que hacerlo, el actual presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo Bermejo, tiene que tomar en serio esta disyuntiva de quedarse o irse frente a las dos cosas más graves que estamos viendo en el sistema electoral: de un lado, las evidencias cada vez mayores de falsificación de firmas en los registros de inscripción de partidos políticos cuyas dirigencias quieren pasar por agua tibia lo que a todas luces es un delito; y de otro lado, las argumentaciones facilistas de quienes buscan ingresar por la puerta falsa a candidaturas presidenciales y legislativas con obvios proyectos antidemocráticos e incluso totalitarios .
El presidente del JNE y quienes con él hacen la institución tienen que entender que constituyen un poder de justicia electoral absolutamente diferenciado de lo que puede ser el poder de un tribunal superior o supremo. Su ejercicio constitucional valora el criterio de conciencia de cara a lo que representa el voto popular como una expresión de delegación de poder presidencial y legislativo desde la conciencia popular.
Más claramente: el JNE es el garante bajo criterio de conciencia del voto de conciencia de cada ciudadano, voto de conciencia que no puede ser tomado, alegremente, como un cheque en blanco ni como ocurre en estos días de suplantación de su poder de firma o de grosero tráfico de la misma a través de padrones y datos que también, alegremente, salen, se filtran o se extraen del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
Burneo y los demás miembros del JNE están, pues, en la disyuntiva de quedarse o irse según resuelvan, con autoridad y determinación, ambos casos. Quisiéramos, por supuesto, verlos quedarse en sus funciones, sentando un precedente histórico para que el caos electoral no vuelva a hacerse extensivo al caos gubernamental y legislativo que hemos visto en los últimos diez años. Quisiéramos igualmente saber, con la debida anticipación, para que nada sea demasiado tarde, que si Burneo y su colegiado no están dispuestos a ejercer la justicia electoral que demanda el país, sencillamente marquen otro precedente ejemplar: el dar un paso al costado.
Quizás esto último, sobrevendría, como una gran lección: la de tomar alguna vez en serio la autoridad electoral, para no volverla a ver nunca más como el matasellos de procesos dudosos e irregulares, que finalmente construyen la figura muy común de los hechos consumados.
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