La miopía del corto plazo, por Alejandra Costa

Incrementar los ingresos públicos para cubrir los mayores gastos generados por la pandemia es un reto que casi todos los países, tarde o temprano, van a tener que enfrentar. La cuestión clave está en definir el cuándo, cómo, en cuánto, a quiénes y por qué plazo aumentar impuestos.

Desde el punto de vista económico, es fundamental conseguir un delicado equilibrio que permita lograr el objetivo de elevar la recaudación en el corto plazo, pero sin poner en riesgo la recuperación económica ni la ejecución de nuevas inversiones, protegiendo así la capacidad del Estado de generar mayores ingresos en el futuro. Esto se debe hacer sin perder de vista las metas de largo plazo, que en el Perú deberían estar atadas al incremento de la formalidad y de la productividad.

Si miramos la experiencia de países como Colombia y Ecuador, elevar impuestos también puede tener un alto costo político.

Se tiene que mantener, entonces, un delicado balance entre lo político y lo económico, entre el corto y el largo plazo. Sin embargo, estos equilibrios no están presentes en la larguísima lista de propuestas en materia tributaria incluidas en el pedido de facultades delegadas del Ejecutivo al Congreso.

Si tomamos en cuenta los planteamientos que ha destacado el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, resulta claro que se concentran en recaudar más en el cortísimo plazo y que, además, buscan evitar a toda costa los riesgos políticos, pero no necesariamente los económicos.

¿Quién va a salir a marchar porque los que ganan más de S/300 mil paguen más impuestos o para impedir que un sector poco popular, como el minero, tenga una mayor carga tributaria? No muchos.

El tema es que estas medidas podrían tener consecuencias negativas para la economía peruana, aún convaleciente. Simplificando, gravar a los que ganan más podría generar que gasten menos en adquirir bienes y servicios, de los que dependen los ingresos de peruanos en el resto de la pirámide.

En el caso del sector minero, elevar demasiado su carga tributaria podría hacer que las inversiones se vayan hacia otros países y se recaude menos en el futuro.

Y, además, detrás de estos cambios que ocupan los titulares y las declaraciones de Francke están más de tres decenas de propuestas tributarias que no solo no apuntan a incrementar la formalidad, sino que podrían ir en sentido contrario.

No se está discutiendo suficiente sobre, por ejemplo, los cambios en los regímenes tributarios para las mype, que, si no se ejecutan de manera correcta, podrían hacer más complejo el pago de impuestos para aquellos negocios que no sean considerados “de subsistencia”. Asimismo, se deja la puerta abierta para que el Ejecutivo fije tasas en varios tributos.

El problema de fondo, creo, está en el facilismo de estas propuestas. Impulsar reformas que impulsen la productividad y la formalidad puede resultar mucho más costoso políticamente que hacer que un grupo que ya paga impuestos pague más. Sin embargo, si prospera esta mal llamada reforma tributaria, habremos perdido una nueva oportunidad para promover que se eleve la recaudación de manera sostenible y se incremente la calidad del gasto público para que todos los peruanos accedan a mejores servicios.