Los militares y las cárceles

El 4 de mayo del 2026 fue asesinado en la cárcel de Juliaca el presidiario César Velásquez Montoya, de 48 años. Cumplía una sentencia de 25 años por lavado de activos, cometido con la organización criminal Los Plataneros, en Trujillo. Aunque la noticia de su muerte no fue destacada, había varias razones para considerarla un hecho extraordinario. A las 2:30 p.m., cuando estaba en el patio del pabellón 5, de máxima seguridad, entró bruscamente otro interno con un revólver Smith & Wesson calibre 32 en la mano y le disparó cuatro balazos en la cabeza. El asesino, Luis Pairazamán Alcántara, de 46 años, se entregó de inmediato a las autoridades del penal. Estaba condenado por robo agravado a 25 años de penitenciaría. Lo insólito no era que un preso matara a otro en una cárcel del Perú, sino que lo hiciera con un revólver y no con un punzón o a golpes. El último ‘fierro’ hallado en una requisa fue en el 2017, en Sarita Colonia, en el Callao. Antes de Velásquez, en el 2014 fue asesinado a balazos –¡y con silenciador!– Segundo Huamán, un recluso de El Milagro, en Trujillo.

Velásquez, más conocido como ‘Chino Malaco’, sospechaba que lo iban a matar y se lo había hecho saber a las autoridades. Incluso supo que lo harían con un arma de fuego. Tengo a la vista la confirmación de registro de una denuncia ciudadana presentada al Instituto Nacional Penitenciario (INPE), con el código de seguimiento vgpc9p04, según la cual el jefe del penal se había enterado del ingreso de un revólver para ser empleado contra Velásquez. La fecha del registro es el 25 de julio del 2025. Las autoridades desistieron de proteger al amenazado –por ejemplo, cambiándolo de prisión– porque no hallaron arma alguna luego de una requisa.

Peor aún, el 2 de mayo del 2026, es decir, dos días antes del asesinato, Félix Chura Huaynapata, jefe de seguridad penitenciaria del penal de Juliaca, dirigió una nota informativa al director, Cristian Almeyda, alertándolo del posible ingreso de armas de fuego a la cárcel para atentar contra internos, “en complicidad con personal desafecto de la institución”. También la tengo a la vista. Chura mencionó con nombre y apellido a tres posibles víctimas, ninguna de las cuales era Velásquez, pero dio en el clavo al señalar a Luis Pairazamán como el posible asesino. Pairazamán era de Trujillo, como el ‘Chino Malaco’, y hay pocas dudas de que fue comprado por una de las bandas rivales de Los Plataneros. En su primera manifestación se negó a contestar preguntas. Este asesinato demuestra que el jefe de una banda de Trujillo, independientemente de que esté preso o en libertad, puede contratar a un sicario para actuar en el espacio de máxima seguridad de un penal, y comprar a personal penitenciario para introducir un revólver a la cárcel.

Entrevisté al ‘Chino Malaco’ en el 2009, en Trujillo, mientras investigaba asesinatos de delincuentes por la policía, en una coyuntura en la que varios de ellos se entregaban para no ser declarados muertos en enfrentamientos. Hablé con su mujer, Erika Rodríguez, hoy presa en Cajamarca, que fue sentenciada a la misma pena de su marido principalmente por mantener esa relación. Ambos conocían a profundidad los entresijos del mundo delictivo y policial de La Libertad, las rivalidades que pueden producir la muerte de cualquiera. La nota informativa suscrita por Chura menciona precisamente estas enemistades como factores de un inminente asesinato. El crimen pudo haberse evitado o, en su defecto, ahora mismo podrían estar identificados los autores y también sus cómplices dentro del Estado, si existiera algún trabajo de inteligencia. Poco antes de la transmisión de mando, le pregunté al entonces ministro de Justicia Luis Jiménez Borra si había resultados de las investigaciones, y me derivó al jefe del INPE, Raúl Inga, a quien escribí. No contestó.

Los testimonios de corrupción en el sistema penitenciario son apabullantes. Podría ser el sector más descompuesto del Estado. Por eso tiene sentido que el gobierno considere actuar desde el inicio en las prisiones para afrontar la crisis de seguridad ciudadana. Según lo anunciado, solicitará facultades extraordinarias al Congreso para que las Fuerzas Armadas participen temporalmente en el control de los penales mientras establece un sistema de gestión privada y reorganiza el servicio civil. Sin una propuesta sobre la mesa es inapropiado adelantar juicios. La excepción es obvia: administrar cárceles no es especialidad de los militares. Ocasionalmente se los llama para recuperar locales en poder de presos amotinados, y cuando el costo de vidas pasa a ser secundario. En el fondo, está pendiente la explicación de lo que Keiko Fujimori busca con la participación de los militares en la estrategia contra la criminalidad. En su discurso de asunción de mando prometió recuperar los territorios tomados por la delincuencia con el concurso de las Fuerzas Armadas y con una policía repotenciada, más inteligencia y tecnología. No dijo mucho más.

Concretamente, Keiko afirmó que durante los estados de emergencia las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el control del orden interno “hasta restablecer plenamente la autoridad del Estado”. La medida no es nueva. Boluarte, Jerí y Balcázar ya la aplicaron en Lima empleando sus prerrogativas constitucionales –los presidentes no necesitan recurrir al Congreso para disponer estados de excepción– sin obtener resultados. Incluso Jerí ordenó que los militares estuvieran al mando. No tiene mucho sentido que la presidenta haya puesto énfasis en este componente de su estrategia si no tiene algo distinto que ensayar. ¿Keiko pondrá soldados en las calles, con sus armas largas, hasta reducir las extorsiones y asesinatos? Da la impresión de que desea más que eso.

Hay evidencias de algunas experiencias en la región. Desde hace 20 años México fracasa en su lucha contra el narcotráfico con una creciente rectoría de los militares. Los principales jefes de los carteles fueron detenidos, hubo espectaculares decomisos y destrucción de laboratorios, pero las bandas se fragmentaron produciendo una violencia mayor. En El Salvador, los militares participaron efectivamente en el cerco a las pandillas, junto con la policía, pero en el marco indeseable de un Estado dictatorial. En Ecuador, la seguridad interna está militarizada desde el 2024, con estado de excepción y tipificación de terrorismo para el crimen organizado, luego de que el país quedara conmocionado por motines en las cárceles y ataques a varias ciudades. Los resultados son ambiguos.

En los casos mencionados la participación militar tenía sentido para operaciones de cerco, en la recuperación de penales o en despliegues de seguridad; mas, a falta de una solución permanente, tiende a arraigarse. En México, los militares no solo controlan a la Guardia Nacional, sino que construyen obras y administran las aduanas. En El Salvador acompañan a un reyezuelo como Bukele, que ha destruido el espacio civil y obligado a abandonar el país a sus principales periodistas. En Ecuador, el sistema del presidente Noboa ha bajado las extorsiones, aunque no los homicidios, sin resolver completamente el problema de las cárceles.

En el Perú, habría que preguntarse qué pudieran aportar los militares que fuera compatible con su especialidad y atribuciones. Sin dudas, la inteligencia. Sin embargo, suele olvidarse que no han rendido cuentas de 20 años de control de los estados de emergencia en el Vraem. Cuando las periodistas Rosana Cueva y Karina Novoa denunciaron presuntos actos de corrupción en el manejo de ciertas rendiciones de gastos, fueron acusadas de revelar secretos militares, que es una modalidad de traición a la patria. El jefe del Vraem era, por entonces, el actual ministro del Interior, el general César Astudillo.