Trece

El sábado 26 de abril, un grupo armado encabezado por Miguel Rodriguez Díaz, ‘Cuchillo’, secuestró a 13 mineros que trabajaban en una operación de minería artesanal formal dentro de la concesión de la minera Poderosa. Para liberarlos, pedían cuatro millones de soles. Días después, los 13 trabajadores mineros fueron brutalmente ejecutados, uno al lado del otro.

Todo esto ocurre a pesar de que Pataz se encuentra bajo estado de emergencia desde hace meses, con un contingente de militares y policías de más de 300 oficiales. El Perú está perdiendo la batalla contra el crimen organizado. En Pataz, distintas organizaciones de mineros ilegales, todas perfectamente identificadas, y sus sicarios han tomado el control del territorio sin que nadie pueda detenerlos. La ejecución de los 13 trabajadores mineros muestra el poder que tienen los ilegales y la impunidad con la que actúan.

El primer responsable es el gobierno de Dina Boluarte, incapaz de recuperar el control de los territorios y garantizar la seguridad y la vida de los ciudadanos. Boluarte no ha podido, por su ineptitud, desarrollar una estrategia con acciones concretas que den resultados. Y los peruanos siguen siendo asesinados cada día en las calles de todas las ciudades del país. Mientras esto ocurre, el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, ha adelantado que se prorrogará el Reinfo, porque el Gobierno es incapaz de desarrollar una política pública que permita a los mineros artesanales e informales formalizarse.

La debilidad del Estado y la falta de voluntad política del Gobierno han hecho que el crimen organizado avance controlando territorios y atentando contra la seguridad de los ciudadanos y de las grandes inversiones en nuestro país. La influencia de la minería, el narcotráfico y las economías ilegales en el Congreso, los gobiernos locales y regionales y también en los ministerios facilita su operación e impunidad. Cada año, las operaciones son más grandes, más poderosas y, por ello, cada año será más difícil controlar el crimen organizado.

¿Cómo llegamos a esta situación? Porque dejó de importarnos, si es que alguna vez nos importó, lo que sucediera con nuestro país. Hace muchos años que los líderes, aquellos llamados, como decía Julio Favre, a liderar la nación, renunciaron a hacerlo y se conformaron con liquidar activos y enviar su dinero fuera del país, para asegurar así sus vidas tranquilas y privilegiadas. Y es que Pataz, Huepetuhe, Atalaya y Chala quedan muy lejos. Tanto como en su momento fueron Sacsamarca y Uchuraccay. Y parece que los peruanos que viven ahí, pues, no son tan peruanos. Son en realidad ciudadanos de tercera categoría. Abandonados a su suerte por un Estado indolente y una clase política absolutamente irresponsable.

Si el Estado Peruano es lo que es, es porque se lo hemos permitido. Porque nuestras ausencias y nuestros silencios lo han aceptado y consentido. En un país con ciudadanos con un mínimo de amor propio, la tragedia de los 13 mineros nos habría volcado a todos a las calles. Pero no aquí. Aquí, miramos indolentes cómo se quiebra el alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariño, por no haber recibido ninguna respuesta del gobierno de Boluarte. Hoy enterrará a 13 trabajadores, 13 amigos, 13 hijos, esposos, hermanos y padres de familia cuyo delito fue vivir en Pataz. En su enorme desesperación, el alcalde iniciará una marcha hacia Lima para lograr ser escuchado por el gobierno porque no puede ser cómplice del crimen organizado y prefiere ser asesinado antes que callar.