No olvidar el Caso Castillo

En el cuento “Funes el memorioso” (1942), Jorge Luis Borges presenta a Ireneo Funes, un joven que, tras caerse de un caballo, adquiere una memoria perfecta y absoluta. Este don lo condena, sin embargo, a la incapacidad de pensar, pues no puede meditar ni olvidar.

Para Borges, la memoria total no es virtud, sino una carga. Solo el recuerdo crítico, selectivo y reflexivo puede enseñarnos algo. La repetición mecánica del pasado, en cambio, es una vía segura hacia el error.

Esta reflexión resulta especialmente pertinente para el Perú de hoy. Si no aprendemos del pasado, estamos condenados a repetirlo. Más aún cuando, según una encuesta reciente, si enfrentáramos nuevamente la elección del 2021, Pedro Castillo volvería a ganar.

Esto resulta alarmante, pues su breve gobierno dejó lecciones que no debemos darnos el lujo de ignorar. Durante su gestión, nombró ministros sin preparación y realizó más de 70 cambios de Gabinete en apenas 18 meses. El daño institucional fue profundo, acelerado y dejó secuelas en todo el país.

Entre los ministros más cuestionados figuraron el exguerrillero y fundador del Ejército de Liberación Nacional (ELN) Héctor Béjar; el hoy prófugo Juan Silva, involucrado en el Caso Puente Tarata; Íber Maraví, vinculado a Sendero Luminoso y promotor de la populista Agenda 19 (de la cual este gobierno no se ha desligado del todo); Pedro Francke, criticado por impulsar una política económica anacrónica; y Óscar Zea, acusado en dos ocasiones por homicidio.

Y cómo no recordar a quienes acompañaron a un tembloroso Castillo el día del fallido golpe de Estado: el irascible Aníbal Torres y la sosegada Betsy Chávez.

No fue solo el Gabinete. Castillo copó puestos claves con personas sin preparación, deteriorando gravemente los servicios públicos: escasearon los pasaportes, hubo desabastecimiento de urea, se retrasó el inicio del año escolar y se desmanteló la meritocracia en el Ministerio de Educación.

En materia económica, Mirtha Vásquez impulsó una agenda contraria a la inversión minera, lo que alimentó ataques a operaciones en el sur del país y fomentó la minería ilegal. Guido Bellido, en un gesto más simbólico que técnico, intentó nacionalizar Camisea entregando una carta personalmente… a la dirección equivocada de la empresa.

Castillo promovió también el fortalecimiento de Petro-Perú, anunciando el retorno de la empresa a la explotación directa del lote 1 en Talara, tras 25 años de ausencia, y respaldó su ingreso al lote 192. Una política costosa e ineficiente que, lamentablemente, ha sido continuada por la presidenta Dina Boluarte.

En política exterior, el Perú perdió protagonismo en espacios multilaterales, como la Alianza del Pacífico, debido a la falta de coherencia y liderazgo. Además, el gobierno de Castillo se distanció del Grupo de Lima –coalición crítica de la dictadura de Nicolás Maduro– y, tras cinco lustros, restableció relaciones con la República Árabe Saharaui Democrática, afectando vínculos con países democráticos.

La corrupción marcó, asimismo, su gestión. Las reuniones clandestinas en la casa de Sarratea, los presuntos sobornos en el caso Marka Group y los nauseabundos 20.000 dólares encontrados en el baño del exsecretario Bruno Pacheco fueron señales claras de un profundo desorden ético.

Todo esto ocurrió antes de que Castillo cruzara la línea final: intentó cerrar el Congreso, declarar un gobierno de excepción y anunciar la reorganización del sistema judicial. Una ruptura del orden constitucional que hoy sigue bajo investigación penal.

Borges nos advertía que, sin memoria crítica, no hay aprendizaje. Y en política, olvidar lo vivido –por desgaste, hartazgo o desinformación– es el primer paso hacia la repetición del error. El Perú no puede darse el lujo de tropezar dos veces con la misma piedra. Recordar no es una opción: es una obligación democrática. Porque olvidar a Castillo es abrirle la puerta a su regreso o, peor aún, al de alguien peor.