En política hay negociación de posiciones. Para votar una ley, por ejemplo, los congresistas pueden conversar para llegar a un punto intermedio entre dos posiciones extremas. Eso sucede en todo el mundo.
Lo que no sucede en todo el mundo (al menos en el civilizado) es que los congresistas negocien con otros poderes del Estado para favorecerse personalmente. Esto es lo que ha sucedido según declaración de Jaime Villanueva ante la fiscalía suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos (Carpeta 1228-2023, continuación).
Jaime Villanueva fue, como se sabe, asesor de la fiscal de la Nación suspendida, Patricia Benavides. A ella se la investiga por el delito de organización criminal y otros.
No podemos olvidar el testimonio que se refiere al Congreso. Algunos parlamentarios, y especialmente el grupo Fuerza Popular, habrían canjeado (y querido canjear) favores con la fiscalía de manera no solo ilegal, sino, francamente, criminal.
La congresista Martha Moyano, de Fuerza Popular, habría ingresado a la fiscalía hasta tres veces sin registrarse. Ella también hacía ingresar a Villanueva al Congreso, sin registro.
Fuerza Popular apoyaría a la fiscal de la Nación frente a la acusación constitucional en su contra. Pedían a cambio “apoyo” en el Caso Lava Jato, según Villanueva.
Fuerza Popular no apoyaría la denuncia constitucional contra Pedro Castillo. No querían que se investigue al presidente porque “si abrimos esa puerta, después, cuando nos toque a nosotros, Keiko va a estar llena de investigaciones”. Esto le habría dicho Martha Moyano al propio Villanueva.
A nombre de Patricia Benavides, Villanueva también coordinó la inhabilitación de la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos. Moyano también habría recriminado a Benavides haber abierto investigación contra Dina Boluarte y Alberto Otárola por las muertes durante las protestas. Se vería claro el entendimiento entre FP y el Gobierno. Todo esto, y más, puede leerse en la respuesta a la pregunta 11 del testimonio.
Al presidente del Congreso lo “ayudarían” en la investigación en su contra. A cambio, él facilitaría los procesos contra Zoraida Ávalos y contra la Junta Nacional de Justicia (respuestas 16 y 17).
Otros congresistas, según Villanueva, pedían lo mismo: el archivamiento de las denuncias en su contra. Algunos más solicitaban que se nombraran fiscales que ellos determinarían (respuesta 17).
El congresista José María Balcázar, investigado en Lambayeque por apropiación ilícita, obtuvo el nombramiento de una fiscal en derechos humanos en Chiclayo. No obtuvo, en cambio, el archivamiento de su caso por apropiación. La fiscal superior de Chiclayo se negó al pedido que Benavides habría hecho a través de Villanueva (respuestas 20, 22-23).
La congresista Patricia Chirinos (Avanza País) presentó una moción de acusación constitucional contra los miembros de la JNJ (respuestas13-15). La congresista habría presentado su moción sobre la base de un borrador enviado por Villanueva.
El testimonio del exasesor de Patricia Benavides es extenso. Implica a varios congresistas y fiscales en actos ilícitos.
Habrá que corroborar y probar. Los detalles, sin embargo, abundan y servirán de punto de partida. Es claro que estamos ante un avanzado sistema de canje de favores que entra en el terreno de lo delincuencial.
No es solo un problema de personas, sino de instituciones. Estas dan excesivo poder y opacidad a la autoridad. Eso es lo que hay que cambiar.
Local US:quality(75)/s3.amazonaws.com/arc-authors/elcomercio/24db200a-708c-41c4-851a-4a1dead03cac.png "Federico Salazar")
