Pecados de familia, por Patricia del Río

Cada vez que un miembro de la familia Fujimori estornuda al Perú le da neumonía. Desde que Alberto Fujimori llegó al poder, el destino de los peruanos ha estado fatalmente ligado al de su clan. Y no nos estamos refiriendo a los actos de gobiernos ejecutados por Alberto, Keiko, Kenji o Susana, cuando ejercieron cargos públicos, sino a las rencillas intrafamiliares que debieron quedarse ahí donde se guardan los trapos sucios sin afectar a todo el país.

Del primer escándalo familiar, a saber, el pleito a muerte por la ropa donada entre los esposos Fujimori, surgió la figura de Susana Higuchi, una de las madres del antifujimorismo que enfrentó a su exmarido desde diversas candidaturas durante casi diez años. Cuando en el año 2000, Luis Iberico y Fernando Olivera presentaban el famoso ‘vladivideo’ Kouri-Montesinos que expectoró al ‘Chino’ de Palacio, sentada en la misma mesa con cara de triunfo estaba la señora Susana Higuchi, cobrándose una vieja revancha.

La segunda hecatombe familiar saltó a la siguiente generación. Esta vez la lucha por el control del partido Fuerza Popular entre Keiko Fujimori y su hermano Kenji dejó al entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski sin presidencia, a Kenji sin curul y a Alberto Fujimori sin indulto. Recordemos que, en su segundo intento por alcanzar la presidencia, Keiko había decidido desalbertizar el partido. Había dejado a la vieja guardia fujimorista fuera de las listas congresales y se había desmarcado de la figura de su padre. A Kenji, el congresista más votado del momento, cuya única agenda era sacar a Alberto de la cárcel, no le hizo gracia el giro y se acercó a PPK para ofrecerle los votos que lo librarían de una vacancia segura, a cambio de un indulto. El 21 de diciembre los diez votos de Kenji y amigos le salvaron el pellejo a PPK y tres días después Alberto Fujimori recibió su perdón.

La pugna debió terminar ahí, pero en la familia naranja los dramas vienen en varias temporadas. El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Fuerza Popular emitió un comunicado saludando la libertad de Alberto Fujimori, pero discrepando de la manera cómo se logró. El CEN en ese momento estaba encabezado por Keiko Fujimori. En una movida tan incomprensible como autodestructiva, la hija del preso más poderoso del Perú dejaba en claro que no le hacía gracia que su padre hubiera sido intercambiado por votos. Por si no fuera suficiente, un par de meses después, los congresistas fujimoristas Daniel Salaverry y Moisés Mamani presentaron audios y videos (debidamente manipulados) que buscaban probar que efectivamente los votos de los ‘avengers’ de Kenji habían sido “comprados” por PPK.

El final de la historia lo conocemos: Kenji enfrenta hoy a la justicia por estas prácticas y Alberto regresó al fundo Barbadillo. Esta semana, sin embargo, el TC ha dicho que el Poder Judicial no tiene la facultad de revocar un indulto y Fujimori está a punto de pisar las calles nuevamente. Como suele ocurrir con todos los temas que involucran al expresidente más tóxico de nuestra historia, su libertad ha abierto heridas, ha desatado insultos, ha enfrentado a un país ya tantas veces cansado de discutir. Lo que resulta absurdo e irónico es que los fujimoristas acusan de odiadores a todos los que consideran que el ‘Chino’ debe morir en la cárcel, olvidando, convenientemente, que la que se esforzó por devolverlo al bote, con tal de perjudicar a su hermano, fue nada menos que la heredera Keiko Fujimori.

Ya hace demasiados años que la vida de los peruanos se ve afectada y definida por los avatares de la familia Fujimori. Ya viene siendo hora de que las pataletas de Keiko, las obsesiones de Kenji y las necesidades de Alberto dejen de costarnos tan caras.