Historia de los privilegiados

Un privilegiado es cualquier persona con “exención de una obligación o ventaja exclusiva o especial que goza [...] por concesión de un superior o por determinada circunstancia propia” (RAE). ¿Alguien dijo Petro-Perú?

Esta empresa, tras los continuos salvatajes financiados con los recursos de los contribuyentes por casi S/17.800 millones, no cabe duda de que por concesión del Estado Peruano está exonerada de ser una empresa autosostenible. ¡Lo mínimo que se le debe exigir a una empresa pública! ¿No creen? Y no hablo siquiera de dar un servicio que mejore el bienestar de los consumidores.

Lo que ocurre con esta empresa era frecuente en los 80, cuando “la participación de las empresas estatales, expresada como valor de ventas sobre PBI, pasó del 1,5% en 1968 al 16% en 1987″ (Paliza, 1999). De hecho, durante esta década, los resultados económicos alcanzaron pérdidas de hasta el 5% del PBI (IPE).

Estos privilegios fueron reducidos sustancial –y meritoriamente– por el gobierno de Alberto Fujimori en los 90. Dicho gobierno encontró empresas estatales con pérdidas por el valor de S/11.274 millones y, tras las privatizaciones, logró que en 1995 las empresas públicas obtengan utilidades por S/514 millones (BCR).

A pesar de esta historia, dado que el gobierno de Fujimori no terminó de liquidar muchas empresas públicas, muchos privilegios subsistieron. De hecho, solo Petro-Perú se ha llevado en los últimos años más de lo que tuvimos que asumir los contribuyentes en los 80.

Los números están ahí para quien quiera verlos. Además, dejando ideologías de lado, no es imposible lograr que una empresa pública sea autosostenible (nuevamente, estoy poniendo la valla lo más baja posible). Una empresa privada podría hacerlo mucho mejor, pero hay ejemplos actualmente en nuestro país de empresas públicas que logran caminar sin déficit.

Así, por ejemplo, las empresas de electrificación regional obtuvieron en el 2023 S/7.000 millones de resultados positivos (versus los S/19.000 millones negativos de Petro-Perú), y en las empresas de electrificación como Electroperú y Distriluz solo hubo tres gerentes generales desde el 2016, mientras que en Petro-Perú hubo 15 (IPE). ¿Se entiende la magnitud del desgobierno?

Ahora bien, ¿por qué debería importarle todo esto al ciudadano de a pie? Ante todo, por amor propio. Estamos trabajando todos –sea que aportemos renta o IGV– para que alguien se la lleve fácil, y sin que el dinero vaya a los que menos tienen ni a mejorar la calidad de vida de la clase media.

Además, el curso de gasto fiscal que llevamos (entre 3,5% y 4% de déficit), debido a gastos como Petro-Perú y las remuneraciones del sector público, está conduciendo al país a perder el grado de inversión. Lo que quiere decir que el costo del dinero subirá para el país, habrá menos inversiones públicas en perjuicio de quienes menos tienen y de la clase media.

Y también quiere decir, como dice Apoyo Consultoría, que a usted le pueden subir los impuestos (sin entregarle, claro está, ningún mejor servicio a cambio de eso) y que le costará más su crédito hipotecario.

En corto, los privilegios de Petro-Perú los estamos pagando ya todos los peruanos y la cosa puede ponerse aún más fea, sea porque nos meterán la mano al bolsillo o porque no recibiremos más o mejores servicios públicos. Es solo una cuestión de tiempo para que la situación se agrave.

Si nos atenemos a la historia de las últimas décadas, tal parece que solo un gobernante con mano dura –y fuera de la democracia– es capaz de atreverse a cambiar en algo el statu quo de las empresas públicas. Esperemos que alguien se atreva a cambiarlo en democracia.