Proyectos que nunca debieron iniciarse

“La calidad de los estudios previos a la inversión ha disminuido”, dice el Banco Mundial en su recientemente publicada Revisión de las Finanzas Públicas, “lo que se asocia con una mayor tasa de proyectos abandonados”. El Perú despilfarra miles de millones de soles al año en proyectos que nunca se terminan. Pero el despilfarro no solamente se debe a que no se terminen. Muchos proyectos nunca debieron iniciarse.

El deterioro en la calidad de los estudios era inevitable con el reemplazo del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) por invierte.pe, que, en palabras del Banco Mundial, “redujo drásticamente los estándares”. Donde antes se exigía un perfil o un estudio de factibilidad, además de una revisión independiente, se pasó a exigir simplemente una ficha técnica e inclusive a exonerar a ciertos proyectos de cualquier estudio de preinversión. La consecuencia fue una proliferación de proyectos sin estudios, muchos de ellos incorporados al presupuesto después de que este haya sido aprobado por el Congreso.

La solución no está, pues, en que los gobiernos locales y regionales gasten todo el presupuesto asignado para aumentar la “ejecución”, que tanto obsesiona a la opinología nacional. Si de aumentar el porcentaje de ejecución se trata, bajemos el denominador, en lugar de subir el numerador. Antes de gastar más en malos proyectos –e incrementar, de paso, el déficit fiscal–, seamos más selectivos con los proyectos que se incorporan al presupuesto.

El problema con el SNIP era el tiempo que tomaba la aprobación: 800 días, en promedio, para los proyectos más grandes y 90 para los demás, según la información recogida por el Banco Mundial. La frustración de las autoridades locales y regionales era comprensible, pero pasar a aprobar proyectos que comprometen, sumados, miles de millones de soles de recursos públicos en menos de 20 días es una total insensatez. Se podía acelerar las aprobaciones del SNIP sin sacrificar el rigor de la evaluación.

La Revisión del Banco Mundial termina con una serie de recomendaciones para mejorar el proceso de aprobación y ejecución de la inversión pública. Dos nos parecen dignas de destacar. La primera es decidir cuáles de los proyectos hoy abandonados deben completarse, cuáles deben modificarse y cuáles simplemente se deben cancelar. La segunda, pedir siempre una revisión independiente –esto es, no de los constructores interesados en la obra ni de los bancos interesados en financiarla– de la viabilidad de los proyectos más complejos y riesgosos.