Régimen político y políticas públicas

En las últimas semanas hemos asistido con estupor a varios acontecimientos. En primer lugar, a un nuevo crimen asociado a las extorsiones, que revela la inexistencia de una política eficaz de combate a la delincuencia. Y esta ineficacia se explica en gran medida porque el Ministerio del Interior tiene su atención puesta en la defensa política de un ministro cuestionado, en vez de en desarrollar políticas dignas de ese nombre.

Además, el Ejecutivo, en vez de liderar una política de combate al crimen coordinando con el Ministerio Público, el Poder Judicial y otras entidades, más bien atiza un enfrentamiento abierto entre esas instancias como una estrategia defensiva ante investigaciones que afectan a la propia presidencia y su entorno. La presidenta Boluarte llegó al extremo de acusar a la fiscalía y a los medios de comunicación de golpistas y de denunciar un supuesto “acoso político”, en vez de actuar con transparencia y respetar la autonomía de las instituciones.

Por el lado del Congreso, encontramos también que las prioridades no están puestas en promover políticas que enfrenten los problemas más sentidos por los ciudadanos, sino en una agenda a favor de sus intereses inmediatos. El uso de inhabilitaciones como mecanismo de solución de disputas políticas es reflejo de la pérdida de la existencia de una noción de comunidad política, basada en una pluralidad de actores con posturas diferentes en que se debe coexistir y alternar en el poder. Desde el Congreso, además, se están discutiendo propuestas de reformas políticas y electorales orientadas a favorecer la sobrevivencia de grupos políticos sin mayor representación, así como del poder parlamentario, afectando el equilibrio de poderes. Además, otros organismos autónomos se han hecho parte de estas disputas de poder, como el TC, la JNJ y la Defensoría del Pueblo.

Como he comentado en columnas anteriores, vivimos un momento en el que, desde el Ejecutivo, el Congreso y algunos organismos autónomos, de parte muy grande de la comunidad política, parece haberse formado una gran coalición de carácter populista y conservador, que está desnaturalizando la esencia de un régimen. Esa coalición se basa en un sentido común, extendido transversalmente en actores de derecha y de izquierda, por el que se intenta construir representación sobre la base de un discurso confrontacional y excluyente, donde de un lado aparece el pueblo que se pretende representar, y del otro un supuesto ‘establishment’ que explicaría todos nuestros males. Ese ‘establishment’ habría monopolizado el poder en las últimas décadas, constituyendo un poder político, económico, cultural, académico. También se habría expresado en el control del ámbito académico, imponiendo una “corrección política” y unos valores ajenos a nuestras tradiciones.

Siendo así las cosas, todo se justificaría para terminar con ese ‘establishment’ abyecto. El problema es que ese discurso en realidad es una construcción bastante artificiosa, que establece una lista de prioridades políticas bastante lejana a los intereses ciudadanos, y que encubre una gran variedad de intereses personalistas e informales. La creciente inseguridad seguridad resulta siendo consecuencia de ello. Seguiremos con el tema.