La construcción de la ley MAPE no ha garantizado un amplio proceso de discusión, y menos resuelve el problema, lo que nos lleva a analizar el contexto actual, considerando a quien preside la Comisión de Energía y Minas del Congreso y las elecciones del 2026.
Si bien aspiramos a que la normativa respete el marco constitucional y las sentencias del Tribunal Constitucional –la prohibición de la minería en cuerpos de agua y la eliminación de la exención de responsabilidad penal–, esto no ha sucedido. Entendamos que quienes redactan la propuesta están alineados con intereses particulares, lo que nos lleva a evaluar la necesidad de la ampliación del Reinfo, pues resultaría una medida transitoria necesaria.
Enfatizo la palabra ‘evaluar’ porque, tras 23 años de esfuerzos por la formalización y extensión de plazos, se ha demostrado que el Reinfo no garantiza su viabilidad. Y si bien desde el OMI antes hemos expresado nuestro rechazo, ahora nos encontramos entre la espada y la pared. Por eso, la ampliación sería una consideración viable si tiene algunas condiciones mínimas que eviten seguir operando en la impunidad.
Primera: eliminar la exención de responsabilidad penal para cualquier minero en proceso de formalización. Todos tenemos igualdad ante la ley y no es posible que subsista un nivel de ciudadanos por encima de todos.
Segunda: actualización constante y depuración del registro, evitando mantener en este a quienes incumplieron los requisitos establecidos operando sin control.
Tercera: puesta en marcha del Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal bajo sanción a los responsables de implementarla si esto no ocurre.
Cuarta: transferir recursos financieros para la formalización y persecución de la actividad ilegal.
Quinta: que se apruebe la prohibición del uso de mercurio en el ámbito nacional y que las plantas de beneficio pasen al control del gobierno nacional de manera inmediata.
En el próximo Legislativo deberíamos tener un proceso amplio, técnico y participativo que nos lleve a contar con una ley justa y viable, que contribuya a resolver la informalidad. Es fundamental recalcar que la formalización es un proceso extraordinario y los mineros del registro actual deberían ser los únicos que se transfieran a un nuevo registro de la futura ley. Nuestras autoridades no pueden seguir postergando medidas que garanticen el respeto de los derechos fundamentales. No es aceptable que, en nombre de la promoción del derecho al trabajo, se perpetúe la ilegalidad o se formalice como sea y solo en el papel.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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