Ayer se llevaron a cabo las obras de empalme de una tubería que días atrás motivó que Sedapal comunicara que se restringiría el servicio de agua en al menos 22 distritos de la capital. Como es evidente, la noticia desató la preocupación en el sector de la capital que se vería afectado y, en particular, en aquellos distritos en los que se había anunciado que la interrupción del servicio se prolongaría hasta por cuatro días. Afortunadamente, en la tarde de ayer el presidente de la empresa estatal, Jorge Gómez Reátegui, anunció que a las 4 p.m. concluyeron los trabajos previstos, por lo que el restablecimiento del servicio se llevaría a cabo incluso con mayor antelación que lo programado.
Por supuesto, esto no quiere decir que el episodio haya concluido. Corresponde que las autoridades se encarguen de fiscalizar en las próximas horas que el restablecimiento del servicio de agua se dé sin inconvenientes y que cualquier usuario que se vea afectado pueda comunicarse para que encuentre alguna solución a su reclamo. No olvidemos que dos semanas atrás la deficiente forma en la que Sedapal comunicó que restringiría el servicio de agua en más de la mitad de los distritos de la capital para llevar a cabo una obra necesaria para garantizar el servicio en el sur de Lima provocó una innecesaria confusión entre miles de usuarios, que pudo haberse ahorrado con un mejor abordaje de parte de la compañía.
El suceso es además una oportunidad para volver a recordar los empalmes pendientes; es decir, aquellos que deberían asegurar que todos los limeños –y, a escala más general, que todos los peruanos– cuenten con un servicio que resulta vital para que las personas puedan desarrollarse y cuidarse. Como se ha recordado en estos días, aproximadamente el 6% de la población limeña (es decir, alrededor de 635.000 personas) no cuenta con agua en sus viviendas. Y miles más solo pueden acceder a ella durante determinadas horas del día. Además, los ciudadanos que no tienen acceso a este recurso en sus casas suelen ser los más pobres, quienes, para variar, deben pagar por este a los camiones-cisterna que llegan hasta sus vecindarios a un precio varias veces mayor por metro cúbico que el que desembolsan quienes sí cuentan con este servicio en sus hogares.
La realidad es que, tras varias décadas gestionando los servicios de agua y alcantarillado en la capital, el hecho de que Sedapal no haya podido aún cubrir esta brecha es simplemente injustificable. A lo largo del tiempo, asimismo, sucesivos gobiernos han anunciado promesas de acceso universal a este recurso para luego terminar encarpetándolas u ocultándolas bajo la alfombra. No hace falta ni siquiera recordar que la privación de acceso a un flujo limpio y constante de agua puede impactar terriblemente en la vida de una persona (en los niños, por ejemplo, puede contribuir con el desarrollo de enfermedades diarreicas y anemia). Tampoco mencionar el riesgo al que estuvieron expuestos de manera especial aquellos peruanos que durante la pandemia del COVID-19 no tenían acceso a este recurso para desinfectar sus cuerpos y sus productos.
Basta con que quienes sí contamos con este servicio en nuestros hogares de manera ininterrumpida pensemos en la preocupación que nos generó el saber que podríamos vernos privados de este hasta por cuatro días para que entendamos el suplicio diario que miles de nuestros vecinos de la capital tienen que enfrentar. Que es, además, el mismo que tantísimos otros peruanos en el territorio nacional y especialmente en las comunidades más alejadas de los centros urbanos tienen que padecer.
Esos son los empalmes pendientes que Sedapal y las otras empresas prestadoras de servicios de agua y saneamiento del país deberían preocuparse por llevar a cabo.
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