Editorial: Carta de presentación

A pocos días de que se inicie la administración encabezada por Pedro Castillo, han aparecido en el horizonte nubarrones oscuros con relación a la libertad de prensa que, al firmar la llamada “Proclama Ciudadana”, el futuro mandatario se había comprometido a respetar. El principal nubarrón, desde luego, es la carta que él ha enviado junto con su abogado Julián Palacín al ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González Chávez, para responsabilizarlo de que su sector no haya abierto una investigación a Willax TV –y a uno de sus periodistas en particular– por supuestas violaciones al artículo 5 de la Resolución Ministerial 586-2021-MTC/01, a los derechos humanos fundamentales y al código de normas éticas, así como a principios relacionados con la información veraz e imparcial, el honor y la buena reputación, y el derecho de rectificación.

Sin mencionar específicamente los hechos que habrían configurado las presuntas violaciones, más adelante el documento parece dar por sentado que la investigación tendrá lugar y señala que “de encontrarse responsabilidad administrativa, se tendrán que imponer multas y el Procurador Público estará en la obligación de interponer las denuncias penales y civiles contra los autores intelectuales y medidas cautelares que correspondan”. Es decir, un claro intento de intimidación a un medio que durante la reciente campaña desarrolló una línea editorial e informativa contraria a Perú Libre y a su entonces aspirante presidencial.

Como se sabe, el recurso que cualquier ciudadano tiene disponible para reaccionar ante un medio que, a su juicio, hubiera afectado su honor es querellarlo en el Poder Judicial. Pero el camino elegido por el presidente electo ha sido distinto: tratar de activar una sanción contra la prensa que no le es afín desde una instancia del Ejecutivo que muy pronto estará bajo su control. Un hecho que ya ha merecido comunicados de preocupación y rechazo de parte del Consejo de la Prensa Peruana, del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, por el peligro que supone con respecto al posible manejo de los contenidos periodísticos de los medios privados desde el poder estatal.

A ese primer nubarrón, por lo demás, lo ha seguido otro: la apertura de una investigación preliminar en la fiscalía contra los periodistas Beto Ortiz y Phillip Butters por presunta conspiración para sedición y grave perturbación de la tranquilidad pública. Investigación que, según ha precisado el abogado penalista Luis Lamas Puccio, de llegar a indagación preparatoria, abriría la posibilidad de solicitudes de prisión preventiva, embargos o incautaciones.

Lo que se ve en general es un clima de hostigamiento a la prensa que pudiera resultarle incómoda al régimen que está por estrenarse que no augura nada bueno. Si parte de los temores que generó la candidatura del señor Castillo entre importantes sectores de la población tuvo que ver con los planteamientos reñidos con la democracia que colmaban el ideario que presentó como plan de gobierno antes de la primera vuelta, pues esto tiende a confirmarlos. Máxime si viene acompañado de otros gestos inquietantes, como la incapacidad del propio futuro jefe del Estado de marcar distancias con la tiranía cubana y llamarla por su nombre.

Los periodistas, claro, no estamos liberados de responsabilidad sobre nuestras acciones. La libertad de expresión se basa tanto en los derechos como en las obligaciones y responsabilidades. De hecho, desde este mismo espacio hemos criticado a Willax por algunas coberturas que se alejaron del rigor periodístico, como la de Sinopharm. Sin embargo, ello no puede ser pretexto para perjudicar la libertad de prensa.

Dicho esto, de nada servirán los discursos para procurar calmar las aprensiones de la ciudadanía sobre lo que traerá el próximo gobierno y sus perniciosos efectos en la economía, si al mismo tiempo se emiten señales tan malas como la del documento enviado al MTC que comentamos, pues lo que suscitan –más allá del efecto que puedan tener– es la impresión de que estamos ante una auténtica carta de presentación del talante y las intenciones de quienes asumirán el poder el 28 de julio.