Editorial: El Congreso contumaz

Entre gallos y medianoche, y a pesar de los cuestionamientos planteados por el Poder Ejecutivo y de las advertencias de múltiples expertos, el Congreso aprobó ayer (por mayoría) el texto sustitutorio que permite el retiro de hasta S/4.300 de los fondos de la ONP.

En las últimas semanas, la intención del Parlamento de “devolver” a los afiliados al sistema público de pensiones parte o todo lo que habían aportado a lo largo de los años había sido ampliamente criticada por la mayoría de las opiniones técnicas. En concreto, se resaltó que la ONP, a diferencia de la AFP, no cuenta con fondos individuales de dónde retirar el dinero que se pretende reembolsar, sino que utiliza sus ingresos para pagarle a los pensionistas. Por ello, se advirtió que el cumplimiento de la norma por parte del Estado demandaría el uso de recursos del tesoro público (S/13.280 millones sin contar los intereses, según fuentes del Ministerio de Economía y Finanzas), con lo que, además, el Legislativo estaría ejerciendo una iniciativa de gasto que la Constitución no le permite.

Sin embargo, como ha quedado demostrado, el sentido común y la prudencia fiscal no son criterios capaces de doblegar la vocación populista de nuestro Congreso. Asimismo, el hecho de que el país esté pasando por una severa crisis económica, lejos de disuadir a los legisladores de impulsar disposiciones irresponsables, parece estarles sirviendo como pretexto para tirar por la borda años de madurez macroeconómica, con la esperanza de que ello les suponga beneficios políticos a sus partidos en el corto plazo. Poco importan, pues, el futuro del Perú y el respeto al Estado de derecho.

En esa línea, resulta positivo que el Ejecutivo, por medio del primer ministro Walter Martos, haya anunciado que tiene previsto observar la ley que nos ocupa e incluso llegar, de ser necesario, al Tribunal Constitucional (TC) para que decida sobre su constitucionalidad. Una actitud distinta a la que el Gobierno manifestó cuando debió enfrentarse al retiro del 25% de las AFP, donde eligió, a pesar de las críticas que hizo públicas, no observar una medida que consideraba perjudicial.

Dada la contumacia con la que opera este Congreso, es poco probable que la observación que se haga de esta norma vaya a hacer que dé su brazo a torcer y la probabilidad de que la discusión llegue al TC es todo menos remota. En ese escenario las circunstancias parecen ser favorables para el Gobierno, a quien el máximo intérprete de la Constitución acaba de darle la razón en otra controversia con el Parlamento, relacionada a la suspensión del cobro de peajes durante el estado de emergencia.

El peligro, empero, es que para cuando los organismos correspondientes diriman sobre este trance algo del daño ya se haya hecho, por lo que es clave que el Ejecutivo tenga la voluntad política para establecer una estrategia legal que le permita postergar lo más posible la aplicación del mentado retiro. Si el Legislativo insiste en aprobar la norma, por ejemplo, podría presentarse un decreto de urgencia que prorrogue los pagos, dada la delicada situación financiera del país frente a esta crisis y mientras se espera una respuesta del TC. En corto, el Ejecutivo tiene que poner todo de su parte para revertir este sinsentido.

Entretanto, será importante que lo sucedido le sirva a la ciudadanía como una oportunidad de reflexión. Lo ocurrido ayer en el Congreso es evidencia de lo imprudente que este puede llegar a ser a cambio de granjearse unos cuantos aplausos, pero lo cierto es que ha sido facultado por nuestros votos para tomar las decisiones que hoy toma (así como los demás poderes e instituciones estatales están facultados para contrapesarlo). Con las elecciones del 2021 a la vuelta de la esquina y con muchos de los efectos de la pandemia aún por experimentarse, elegir autoridades que tomen decisiones basados en evidencia es nuestra obligación.