Editorial: Institucionalidad atropellada

Ayer, desde estas páginas, comentábamos la infiltración que el Gobierno ha permitido –o quizá, para ser más precisos, promovido– del Fenate, el ala magisterial derivada del Conare-Sutep (este último, como se sabe, un organismo ligado al Movadef), en el interior del Ministerio de Educación y del cuerpo de prefectos regionales.

Pero la captura de instituciones por parte de grupos de interés que lindan con lo criminal tiene más capítulos en desarrollo durante la actual administración. Uno de los más obvios es el que ha tomado lugar en el sector Transportes. Tal y como informó nuestro colega Juan Pablo León en este Diario, entre el 21 y 28 de diciembre pasado, mientras el país se preparaba para las fiestas de fin de año, Guillermo Gouro Mogollón, superintendente de la Sutrán, la entidad responsable de controlar y supervisar el transporte y tránsito terrestre en el país, dispuso el recambio de 22 gerentes y directores entre gallos y medianoche.

Producto de dicha cirugía, hoy ocupan altos puestos en la Sutrán y en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) un excandidato al Congreso sentenciado a un año y seis meses por el delito de resistencia y desobediencia a la autoridad que inclusive registra una papeleta por manejar ebrio; un aparente cómplice de un exfuncionario de Vladimir Cerrón en Junín, sentenciado a siete años de prisión por colusión; un excongresista acusado por abuso de autoridad, violación a la intimidad personal y acoso laboral, y que durante su paso por el Legislativo impulsó la polémica ley aprobada en el Congreso para formalizar a los taxis colectivos, entre otros.

Esas son las personas que componen la nómina de los organismos encargados del transporte en nuestro país. No olvidemos que el propio ministro del sector, Juan Francisco Silva, recibió dos multas graves a bordo de una miniván.

Esto, por supuesto, es parte de un proceso de cooptación de los fiscalizadores y reguladores del transporte que empezó con este gobierno. Bajo el liderazgo del ministro Silva, el MTC ha abierto las puertas a los mismos empresarios inescrupulosos y grupos de presión que debería combatir. La línea entre fiscalizadores y fiscalizados ya no es clara, pues su política ha sido consistente: incluir cada vez a más gatos en el despensero.

Los cambios surtieron efecto rápido. El MTC decretó hace poco que la Sutrán se encargue del empadronamiento de los colectiveros con una sola firma, basándose en la ya mencionada ley aprobada por el anterior Congreso. Previamente, el MTC había prometido dar una amnistía de papeletas, revalidar brevete sin exámenes para los choferes de más de 55 años y sentar las bases para su formalización. La reforma del transporte urbano, cuya incipiente institucionalidad ha costado años construir y aún estaba en proceso de fortalecimiento, se diluye en cuestión de pocos meses sin que nadie alce demasiado la voz.

Si la gestión de Silva al frente del MTC es crecientemente tóxica para el ministerio, se debe simplemente a que el presidente Pedro Castillo y la titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Mirtha Vásquez, lo han permitido o promovido. Y, a pesar de todo lo sucedido, ninguno ha demostrado interés por enmendar la plana al ministro o removerlo del cargo.

El Congreso debe entonces tomar el asunto en sus manos. Si el control político sirve para algo, debe ser para impedir que ministros como el señor Silva puedan atropellar de buenas a primeras lo poco que se había avanzado en la institucionalidad del transporte nacional. Un grupo de parlamentarios prepara ya una moción de censura contra él. De no mediar cambios relevantes en la forma en que ha llevado el ministerio, esta debe ser respaldada por una mayoría sólida en el Congreso. A la fecha, no obstante, el apetito político por exigir la salida del ministro no parece generalizado. ¿Qué otros gatos de despensero se esconderían en esta ocasión en el Legislativo?