Editorial: La vacancia se alimenta del silencio

Hoy debe votarse en el Congreso la admisión a debate de la moción de vacancia presidencial presentada semanas atrás por la congresista de Avanza País Patricia Chirinos. La posibilidad de que la iniciativa alcance los 52 votos que necesita para pasar esta primera prueba está en duda, pero aún si lo hiciese, el siguiente escollo que tendrían que salvar quienes la secundan luce a estas alturas –es decir, con la información disponible hasta el momento– poco probable. Sencillamente, hoy no parece haber 87 parlamentarios que estén dispuestos a ir adelante con la destitución del presidente a partir de los argumentos planteados en la iniciativa de la legisladora Chirinos.

La circunstancia de que el empeño vacador no llegue a materializarse, sin embargo, no debería ser percibido por el Gobierno como una victoria o una señal alentadora. La pregunta que el presidente Pedro Castillo y quienes lo acompañan en la administración del Ejecutivo más bien tendrían que hacerse es por qué lo que empezó como una medida solitaria fue ganando en el camino el peso necesario como para ponerlos a la defensiva. ¿Cómo así sintió de pronto el mandatario la urgencia de convocar a los líderes de todos los partidos con presencia en el Congreso a Palacio, o a hablar de “errores” que tiene que asumir? ¿Por qué operadores políticos cercanísimos a él como el exministro de Defensa Walter Ayala o el titular de Justicia, Aníbal Torres, se apresuraron a presentar o anunciar recursos legales que interceptasen la iniciativa en marcha?

Desde el Gobierno han ensayado una excusa gastada. Los sectores que perdieron la segunda vuelta, reza el discurso oficial, no aceptan la derrota ni que una persona de origen campesino ostente el poder y andan buscando pretextos para interrumpir su mandato. El problema, no obstante, es que a pesar de los elementos de verdad que pueda encerrar esa letanía, tales sectores han encontrado lo que supuestamente buscaban y con ello han ganado para su causa a otros segmentos de la población y a representantes de bancadas que, en origen, no estaban opuestas radicalmente a la administración del presidente Castillo.

Entre los siete puntos que se esgrimen en la iniciativa parlamentaria para ir adelante con la vacancia hay unos más consistentes que otros –como, por ejemplo, el del tráfico de influencias expresado en las presiones que ejerció quien fuera secretario de Palacio, Bruno Pacheco, sobre los entonces comandantes generales del Ejército y la FAP, o sobre el jefe de la Sunat–, pero la verdad es que lo que más votos parece haberle ganado a la moción en la última semana han sido, primero, el hallazgo de los US$20 mil en el baño del despacho que ocupaba Pacheco y, segundo, la revelación de que el jefe del Estado siguió usando la casa de Breña para reuniones furtivas y no registradas en la agenda oficial con personas que no eran de la esfera estrictamente familiar o amical. Existen en esos dos hechos indicios de algo que va mucho más allá de las malas decisiones o la acogida que les pueda haber dado el mandatario a grupos o prácticas indeseables. Indicios, en suma, que tocan mucho más directamente la fibra moral que atañe a la esencia misma del instrumento que se intenta activar en estos momentos para conseguir la vacancia.

Y sobre esto, el presidente no ofrece hasta ahora ninguna explicación. ¿Dónde está la lista de visitantes a la casa de Breña que ofreció la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, hace seis días? ¿Cuándo nos va a dar las razones por las que, a pesar de que la contraloría le había advertido de que eran ilegales, decidió seguir celebrando citas en ese domicilio? ¿De verdad la única explicación que tendremos los ciudadanos será aquella rocambolesca de que Castillo iba a dicho domicilio para cenar comida cajamarquina?

Sobre todo esto, el mandatario guarda un absoluto silencio y ese silencio genera incertidumbre e inestabilidad. La vacancia podrá no prosperar en esta ocasión, pero es evidente que, mientras la actitud del mandatario no cambie, continuará al acecho. Y en un contexto en el que su desaprobación tiende a aumentar llamativamente y las perspectivas económicas y de salud del país lucen sombrías, eso es una muy mala noticia.