Marea baja

Cuando el presidente Pedro Castillo tomó el cargo en julio del año pasado, el Perú se encontraba en un momento de fuerte recuperación económica. Aproximadamente por esas mismas fechas, por ejemplo, el PBI nacional volvió a sus niveles prepandemia. A pesar de la debilidad del mercado laboral, la economía del país crecía a tasas mayores que las anticipadas, gracias a un entorno económico de buenos precios para las exportaciones y a un sector privado robusto. Todo ello, como se recuerda, le permitió al entonces titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Pedro Francke, niveles de autocomplacencia poco adecuados para autoridades que poco o nada habían tenido que ver con la recuperación en cuestión.

Pero entrado ya el segundo año de la presidencia de Pedro Castillo, parte de lo que suceda o deje de suceder en la economía puede atribuirse con mayor justicia a la actuación de su gobierno. El vistazo económico más reciente fue presentado el viernes pasado por el Banco Central de Reserva (BCR) en su reporte de inflación. En este documento se pueden identificar impactos inmediatos en la actividad productiva de las acciones del Ejecutivo, y otros de más largo plazo.

Entre los primeros, destaca la reducción de las proyecciones de crecimiento para este año y el siguiente. El BCR espera una expansión anual del producto del 3% en el 2022 y en el 2023, cifra menor que la que tenía prevista hace apenas tres meses y que la que proyecta el MEF. La actividad primaria fue la más resentida: el golpe a la producción minera como consecuencia de las paralizaciones y bloqueos explica que el crecimiento del sector haya pasado de una estimación de 5,9% para este año a tan solo 1,6% –todo un desperdicio en un contexto de altos precios–. Aquí el Gobierno no solo se mostró incapaz de gestionar la conflictividad social alrededor de importantes operaciones mineras, sino que en ocasiones la atizó.

Más graves son las advertencias de largo plazo. La inversión privada –motor de la actividad futura– tendría un crecimiento nulo este año, y el siguiente apenas se movería. La inversión minera, en particular, caería 16,2% en el 2023, pues tras la culminación de la construcción de la mina Quellaveco, en Moquegua, no hay otro proyecto en marcha que pueda llenar ese vacío. Las expectativas de las familias y de las empresas sobre la situación económica del país permanecen en terreno negativo, lo que anticipa un crecimiento pobre a futuro. La ecuación económica, en este caso, es simple: no puede haber crecimiento sin confianza.

En ese contexto, el programa Impulso Perú, del MEF, ha hecho poco para mejorar sustancialmente la percepción sobre el trabajo del Gobierno. Planes como estos, que en ocasiones se asemejan más a un listado de buenas intenciones, tendrán un impacto limitado, mientras que desde otros frentes –como trabajo o minería– se socave diariamente la estabilidad para las inversiones. ¿Qué impacto realmente podrá tener, por ejemplo, la creación del Programa de Impulso Empresarial si, con la otra mano, se hacen más difíciles, vía decretos, un sinnúmero de regulaciones laborales necesarias para hacer empresa?

El Gobierno tuvo el beneficio de empezar su gestión durante un año de recuperación económica y buenos vientos desde el extranjero. Ese escenario va desapareciendo y, mientras la marea se recoge, en su lugar quedan al desnudo las limitaciones que desde el inicio tuvo la actual administración y sus progresivas consecuencias para la economía.