Editorial: Normalizar lo ilegal

Ayer, la compañía Nexa informó que la mina subterránea Cerro Lindo, ubicada en Ica, suspenderá sus operaciones tras casi una semana de bloqueo de las vías de acceso al yacimiento. Según la empresa, los autores de esta medida ilegal pertenecen a asociaciones que no representan a la comunidad de Chavín, por lo que no tienen facultad para negociar los acuerdos que la firma mantiene con la referida colectividad. Asimismo, informó que la situación afecta a alrededor de 2.000 trabajadores que no pueden volver a sus hogares cuando concluyen su jornada laboral.

Ciertamente, situaciones como esta, en las que grupos de manifestantes atentan contra el derecho al libre tránsito de otros ciudadanos con el objetivo de forzar negociaciones con una empresa o con el Estado mismo, parecen haberse normalizado en los últimos tiempos (generando, además, un perverso incentivo para quienes buscan hacer llegar sus demandas a las autoridades). Y si bien es cierto que a las administraciones anteriores parecían temblarles la mano al momento de restaurar la legalidad que se suspende cuando se corta una vía pública (quizá por el miedo a que los acusen de ‘criminalizar la protesta’), a la que encabeza Pedro Castillo sencillamente parece no interesarle en lo más mínimo corregir esta transgresión allí donde se registra.

El caso de Cerro Lindo comentado líneas atrás, por ejemplo, no es el único en su especie. El lunes, este Diario reportó el bloqueo de la ruta vehicular de Urubamba a Ollantaytambo y de la línea férrea a Machu Picchu, ambas en el Cusco, a propósito del primer día del paro agrario. En Apurímac, la última obstrucción a la vía usada por la mina Las Bambas ya sobrepasa los 20 días (sumando en total alrededor de 400 desde el 2016). Y como se recuerda, hace poco más de un mes, la minera Antamina anunció la suspensión de sus actividades en respuesta a los actos vandálicos registrados por entonces en distintos puntos del territorio nacional y, en particular, al paro en la comunidad de Aquia, en Áncash.

Por supuesto que –cabe anotar aquí– cada ciudadano tiene derecho a protestar en defensa de aquello que considera valioso. Se trata, en fin, de una prerrogativa saludable de los sistemas democráticos que en ninguna circunstancia puede verse menguada. Sin embargo, precisamente por lo valioso de este derecho, no puede permitirse que sea instrumentalizado como pretexto para quebrantar la ley, ya sea impidiendo la circulación de otros peruanos por una vía pública, destruyendo propiedad privada y pública, o atentando contra la libertad, la salud y hasta la vida de las personas. Cuando esto último ocurre, es responsabilidad del Ejecutivo hacer valer las normas y castigar a los que vulneran los derechos y libertades de sus connacionales. De lo contrario, estaríamos no solo frente a autoridades incapaces de hacer cumplir la legislación vigente, sino que se cimentaría, desde el nivel más alto del Estado, la idea de que hay algunos ciudadanos que pueden bloquear los derechos de otros sin ser castigados por ello; en otras palabras, que hay algunos con más facultades que el resto. Y la democracia, como se sabe, se funda sobre la premisa de que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley.

No ignoramos aquí que habrá quienes consideran que sus motivos para cortar una carretera son legítimos. La realidad, sin embargo, es que al recurrir a medios ilegales no están haciendo otra cosa que deslegitimar su propia lucha. En democracia, las buenas causas nunca se defienden a través de la violencia, la ilegalidad ni la restricción de los derechos de los demás porque, como hemos dicho antes, son los medios los que justifican el fin; y nunca al revés.

Todo lo anterior, por no entrar a comentar las consecuencias económicas que estos bloqueos traen consigo no solo durante el tiempo en el que se mantienen vigentes (y que pueden alcanzar sumas de millones de soles), sino también a futuro, por todas las inversiones que dejan de venir al Perú al ver unas autoridades temerosas de hacer cumplir el Estado de derecho.

Si en el Gobierno no entienden todo lo anterior (o si lo entienden, pero aun así no intentan hacer nada para revertir esta situación), entonces el panorama que tenemos por delante es muy poco auspicioso.