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Editorial: Paro agrio

La pertinencia de algunos pedidos de los agricultores se debilita al mezclarse con otros absurdos y al recurrir al bloqueo de vías.

Editorial

Paro agrario

Vale reflexionar sobre la conveniencia de confiarle al Estado el protagonismo en el desarrollo de la agricultura peruana. (Foto: Carlos Chunga)

Hace dos días se llevó a cabo en 15 regiones del país un paro agrario convocado por la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), la Junta Nacional de Usuarios de Riego y un puñado más de organizaciones del sector para exigirle al Gobierno el cumplimiento de una serie de puntos (15 en total). Aunque el llamado era únicamente para el lunes, la medida continúa en dos regiones: San Martín y Amazonas.

Es cierto que el agro peruano ha sido una de las actividades a las que se les ha prestado muy poca atención en los últimos años, a pesar de que ocupa al 25% de la población económicamente activa del país. Este descuido ayuda a explicar, en gran parte, los altos niveles de pobreza e informalidad entre los trabajadores del sector, y la baja productividad de los mismos en contraste con muchos de sus pares de la región (según datos del Banco Mundial del 2016, en promedio, la productividad de un trabajador del sector agrario en Canadá es de 29 veces la de uno en el Perú).

Pero al tiempo de reconocer esto último, es también innegable que varios de los pedidos de los reclamantes son cuestionables o, ya de plano, inentendibles, lo que en lugar de abonar a la causa de los agricultores termina más bien quitando fuelle a sus otras demandas.

No tiene sentido, por ejemplo, exigir al Gobierno la transferencia “inmediata” de S/1.500 millones para Agrobanco, una entidad que muchas veces ha tenido que ser rescatada con el dinero de las arcas estatales (esto es, con la plata de todos los contribuyentes), que apenas el año pasado estuvo a punto de cerrar debido a su incapacidad para cobrar sus préstamos y cuya función ha terminado desvirtuada, pues en lugar de facilitar el acceso al crédito a los campesinos más pobres –los que, en teoría, debían ser los principales beneficiarios del banco– ha terminado por otorgar préstamos a un reducido grupo de agricultores.

De igual manera, es cuestionable que se solicite el restablecimiento de la franja de precios y la adopción de “medidas de protección” para resguardar determinados productos (como la papa o la palma aceitera) mediante aranceles a la importación. Una demanda inequívocamente proteccionista que busca favorecer, no a los consumidores, sino a un grupo específico de quienes se dedican a producir los ‘afortunados’ bienes. Pedir que se priorice a los productores locales en las compras del Estado, asimismo, también resulta controversial, pues el Estado debería escoger a sus proveedores enfocándose en una combinación de variables (como precio, calidad o plazos de entrega) y no en el lugar en el que producen.

Lo que sí está fuera de discusión es la manera en la que se ha llevado a cabo el paro en algunas ciudades. Recurrir al hábito ilegal de bloquear vías (registrado en Piura, Ayacucho, La Libertad y otras regiones) solo desvirtúa la demanda y se inserta en la peligrosa espiral de prácticas contrarias al Estado de derecho que se viene repitiendo en las protestas sociales peruanas desde hace un tiempo. Ninguna demanda, por más legítima que sea, puede imponerse a través de la afectación de los derechos de quienes, también en ejercicio de su libertad, deciden no participar en la protesta.

Finalmente, vale reflexionar sobre la conveniencia de confiarle al Estado el protagonismo en el desarrollo de la agricultura peruana. Toda vez que ha sido el privado –abonado por un régimen laboral especial– el que ha conseguido elevar los salarios en el sector, formalizar a una gran cantidad de trabajadores, incrementar la productividad y multiplicar los niveles de producción (y exportaciones), apuntalando al desarrollo de gran parte de la población en regiones como Ica y Piura.

Nada de esto quiere decir, por supuesto, que los agricultores no tengan reclamos válidos. Sin embargo, al entremezclar estos con otros controversiales (al mezclar ‘papas con camotes’) y al recurrir a métodos violentos, son ellos mismos los que avinagran su causa.

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