Antes que tranquilizar a la ciudadanía, el mensaje y las medidas que ofrecieron ayer la presidenta Boluarte y sus ministros como respuesta al asesinato a sangre fría de 13 mineros en Pataz han de haberla alarmado en extremo. Lo decimos porque discurso y anuncios no han hecho sino confirmar la desorientación que impera en el Ejecutivo sobre cómo encarar la gravísima situación de violencia y criminalidad que se vive hoy en el país. El toque de queda y la suspensión de la actividad minera en el lugar hasta que se instale allí una base militar permanente como las que existen en el Vraem se parecen a todas las otras medidas de aspecto severo que se han puesto en los últimos meses en vigor como supuesto remedio al desborde delictivo en el territorio nacional. Y como ellas, también, es probable que fracasen.
Las declaraciones de emergencia, el despliegue militar en las zonas ‘calientes’, la presentación de un aparatoso “cuarto de guerra”, los planteamientos sobre la pena de muerte y el retorno del servicio militar obligatorio han sido gestos enderezados a prestarle al Gobierno una imagen recia. Pero pasado el aturdimiento inicial se mostraron perfectamente inútiles, al punto de que casi todos fueron luego dejados de lado. ¿Por qué el resultado habría de ser ahora distinto? Los sujetos sin escrúpulos que no dudan en cometer asesinatos por la sanción que podrían merecer no van a temer desafiar el toque de queda o la prohibición de realizar determinada actividad. ¿No están acaso todas las actividades que desarrollan prohibidas? En ese sentido, no es casual que la presidenta Boluarte incluyera en su perorata de ayer referencias a los hospitales, carreteras y “casitas” que viene entregando su administración a la población. Si bien nada tenían que ver con la emergencia que dio pie al mensaje, eran una forma de pedir indulgencias subrayando que no todo lo que hacen es malo. Un claro ejemplo de mala conciencia…
En el Legislativo, mientras tanto, la situación no es mejor. Los representantes de distintas bancadas se indignan y lanzan condenas –justificadas, por supuesto– contra la inacción del Ejecutivo. Pero cuando se trata de aprobar medidas que contribuyan a una lucha más eficaz contra el crimen o de desactivar aquellas que lo favorecen, miran para otro lado. Digamos que aprueban la extensión del Reinfo y esconden la mano. Resultamos así con autoridades inermes ante la lacra que está desangrando al país y, aparentemente, a la espera de la próxima masacre.
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