Para nadie es una novedad que, desde hace ya demasiado tiempo, las bandas que se dedican a la extorsión y el sicariato en el país han concentrado gran parte de su accionar en las asociaciones y personas que brindan el servicio de transporte urbano. El último sábado, Carlos Advíncula Nieto, conductor de la empresa El Rápido, fue asesinado a balazos cuando se desplazaba en su unidad por el distrito de Los Olivos. Y con él, suman ya 33 los choferes ejecutados en menos de un año por las bandas mencionadas. Según ha declarado a este Diario Martín Valenciano, vocero de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), más del 80% de las empresas de transporte que operan en Lima ya están sometidas al pago cotidiano de cupos que oscilan entre los S/5 y los S/20; y muchas de ellas son extorsionadas por dos y hasta tres bandas simultáneamente. Ese es el costo que enfrentan para evitar ser víctimas del brazo violento de cada una de esas organizaciones criminales.
Para nadie es una novedad que, desde hace ya demasiado tiempo, las bandas que se dedican a la extorsión y el sicariato en el país han concentrado gran parte de su accionar en las asociaciones y personas que brindan el servicio de transporte urbano. El último sábado, Carlos Advíncula Nieto, conductor de la empresa El Rápido, fue asesinado a balazos cuando se desplazaba en su unidad por el distrito de Los Olivos. Y con él, suman ya 33 los choferes ejecutados en menos de un año por las bandas mencionadas. Según ha declarado a este Diario Martín Valenciano, vocero de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), más del 80% de las empresas de transporte que operan en Lima ya están sometidas al pago cotidiano de cupos que oscilan entre los S/5 y los S/20; y muchas de ellas son extorsionadas por dos y hasta tres bandas simultáneamente. Ese es el costo que enfrentan para evitar ser víctimas del brazo violento de cada una de esas organizaciones criminales.
Frente a esa situación, los representantes de los distintos gremios del sector se han reunido en numerosas oportunidades tanto con autoridades del Ejecutivo como del Ministerio Público en busca de soluciones a su problema y todo lo que han obtenido son promesas incumplidas. Por un lado, no se ha establecido un protocolo claro en lo que concierne a la reserva de las denuncias (“uno no sabe si es con la policía o con la fiscalía, y al final aparece tu nombre”, dice Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte); y, por otro, no se han colocado en los vehículos que prestan el servicio las cámaras de seguridad ofrecidas. Hasta ahora solo se ha publicado un proyecto normativo al respecto en “El Peruano” para recibir opiniones. “Cuando opinemos, ya estamos muertos”, comenta Ojeda…
Mientras tanto, la violencia no tiene tregua y la única reacción a la que atinan los afectados es la de convocar un nuevo paro de protesta –sería el tercero–, que esta vez sería de carácter indefinido. Esto aparte de otra medida similar convocada para Fiestas Patrias por los transportistas informales. Todo indica, sin embargo, que, como en tantas otras materias, los responsables de poner coto a este dramático cuadro han decidido sentarse a esperar a que llegue el próximo gobierno y se encargue de hacerlo.
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