El juego de las cifras

Ayer, el presidente del directorio de Petro-Perú, Pedro Chira, ofreció una conferencia de prensa para pronunciarse sobre la situación de la compañía y el nuevo rescate financiero que le han solicitado al Gobierno y que, según informó la prensa meses atrás, superaría los US$3.000 millones.

“Se habla de US$5.000 millones, de US$2.500 millones, se habla de una serie de números; el pedido que ha ido del directorio a su accionista en dinero o capital es de US$1.150 millones, esto para aclarar los números de los que se viene hablando”, sostuvo. Y luego, como una forma de responder a la justificada indignación que ha desatado el tema en un sector de la opinión pública, afirmó: “Los análisis que hagan expertos, opinólogos, recuerden una cosa; este es un tema donde hay muchos intereses de negocios, cada quien defiende su punto de vista y nosotros defendemos los intereses de Petro-Perú y del país”.

De sus palabras, podríamos inferir que, en realidad, el monto de lo que Petro-Perú le ha pedido al Gobierno es mucho menor de lo que se ha informado y que seríamos los medios de comunicación los que estaríamos intentando tergiversar la realidad. Ocurre, sin embargo, todo lo contrario. En todo este episodio es más bien la petrolera la que está intentando confundir a los contribuyentes, quienes son, en buena cuenta, los que hacen posible que siga funcionando.

Como explicó ayer el mismo Chira, la empresa estatal le ha hecho un pedido al Ejecutivo que consta de cuatro partes. La primera es un aporte de capital por US$1.150 millones. La segunda es una solicitud para capitalizar el apoyo financiero de US$750 millones que se le dio en el 2022. La tercera es un incremento de la línea de comercio exterior de los US$500 millones actuales a los US$1.000 millones. Y, finalmente, una garantía para un préstamo por US$650 millones. Si sumamos todo, hablamos de una solicitud de casi US$3.600 millones; esto es, incluso mayor que el monto del que inicialmente la prensa había informado.

Para Petro-Perú, sin embargo, solo deben considerarse los US$1.150 millones del aporte de capital, porque todo lo demás, en palabras de su presidente, “son cartas de garantía”, “no es dinero en efectivo” o “son documentos”. Según expertos consultados por este Diario, no obstante, no se puede separar el aporte de capital del resto de las solicitudes que ha hecho la compañía, como el señor Chira está tratando de hacer.

En el caso de la solicitud para capitalizar los US$750 millones de apoyo financiero, este significa, en pocas palabras, que Petro-Perú le está pidiendo al Gobierno no devolver un préstamo del 2022 por dicha cantidad. Y, como es evidente, al condonarle una deuda por US$750 millones el Estado no está haciendo otra cosa que darle ese dinero; dinero que, de otro modo, debería estar en sus manos y no en las de la empresa. En lo que respecta a los US$1.650 millones que la firma ha pedido como garantías para solicitar otros préstamos, estas también deben considerarse en cualquier cálculo, pues se trata de plata que, al ritmo que van las cosas, el Estado se compromete a desembolsar para que la compañía acceda a financiamiento. En todos los casos, se trata de salvavidas que el Ejecutivo lanzará a Petro-Perú en el caso de que acepte su solicitud.

El problema, sin embargo, es que la semana pasada la compañía ensayó una jugada muy parecida para tratar de desvirtuar una publicación de este Diario sobre que el costo del proyecto de modernización de la refinería de Talara superaba los US$6.500 millones, sumando el total de la inversión (US$5.538 millones) y los intereses preoperativos (US$991 millones). La compañía intentó en ese momento confundir a los contribuyentes afirmando que el costo de la obra era realmente de “US$5.538 millones (sin intereses preoperativos)”.

Si la empresa realmente quiere sobrevivir, debería hacer el esfuerzo por ganarse la confianza de los peruanos. Y eso se logra, en principio, siendo transparentes y claros con la información, y no tratando de aturdir con un juego de cifras que solo los deja peor parados. Al final, a todos nos va a ir mejor (a Petro-Perú y a los contribuyentes) si la empresa se dedica a hacer bien su trabajo en lugar de discutir lo indiscutible.