Las explicaciones pendientes

Esta semana un viejo conocido de los peruanos volvió a ser noticia. La Procuraduría General del Estado (PGE) le pidió al Ministerio Público que añada un tercer delito en la investigación que le abrió en febrero del 2021 al expresidente Martín Vizcarra por concusión y negociación incompatible en el marco del ‘Vacunagate’. A través de un oficio enviado a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, el procurador general Daniel Soria solicitó que el exmandatario sea también investigado por cohecho activo transnacional.

En apretada síntesis, Soria le atribuye a Vizcarra el haberse beneficiado irregularmente de la vacuna de Sinopharm destinada al personal que participó en los ensayos clínicos de la fórmula a cargo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) a cambio de prometerle –de manera directa o a través de intermediarios diplomáticos– a la farmacéutica china una “posible preferencia, ventaja o exclusividad” en las negociaciones que el Estado Peruano emprendería posteriormente para comprar millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19. Por supuesto, serán las investigaciones las que determinarán si la tesis del procurador tiene asidero, pero hasta entonces quizá sea un buen momento para recordar los hechos que motivaron una de las inhabilitaciones políticas por las que el expresidente no ha podido jurar como parlamentario a pesar de haber sido el candidato al Congreso más votado en Lima en las elecciones generales del 2021.

Ha quedado claro, en primer lugar, que Vizcarra se aprovechó de su condición de jefe del Estado para aplicarse la vacuna de Sinopharm antes de que esta estuviese disponible para el resto de los peruanos. Que, además, facilitó la inoculación de su esposa y de su hermano con el mismo fármaco. Que le dieron el pinchazo cuando decenas de miles de peruanos ya habían fallecido por el virus y cientos más peleaban por su vida en los pasillos de hospitales sin camas y sin balones de oxígeno.

No conviene olvidar, por otro lado, que el suyo fue un gobierno que tuvo el doble demérito de llevar al Perú a la cúspide de los ránkings de los países en los que la pandemia causó un mayor número de víctimas por habitantes y en los que propició un mayor descalabro económico, además de que nos dejó sin un solo contrato de vacunas firmado, lo que perjudicó la tarea de la administración entrante. Tampoco que una vez que la prensa expuso que se había vacunado, él optó por mentir hasta el final, insistiendo en la tesis de que había formado parte de los ensayos cuando la propia UPCH ya había revelado que su nombre no aparecía en la nómina de los que participaron en estos. Y que, posteriormente, tuvo la desfachatez de acudir a vacunarse regularmente y hasta publicitarlo en sus redes sociales.

Por lo demás, no es este el único lío legal que enfrenta el expresidente. Como se recuerda, en diciembre pasado el fiscal Germán Juárez Atoche presentó ante el Poder Judicial una acusación en su contra por los presuntos sobornos que habría acordado durante su etapa como gobernador regional de Moquegua por los proyectos Lomas de Ilo y la ampliación y mejoramiento del hospital de dicha región. Por este caso, el Ministerio Público ha pedido 15 años de prisión para Vizcarra. Ello, sin olvidar también su implicación en la trama del ‘club de la construcción’ ni los extraños contratos que ganó el cantante Richard ‘Swing’ Cisneros bajo su administración.

El expresidente tiene, sin duda, mucho que explicar ante las autoridades peruanas por su implicancia en el ‘Vacunagate’ y en otros casos, tal y como el pedido realizado por la PGE ha recordado. Pero mientras estas respuestas llegan, habría que decirle que también le debe explicaciones al país por un comportamiento indigno de un jefe del Estado que, para variar, viene impulsando la creación de su propio partido político al tiempo que carga con graves señalamientos a cuestas.