Recientemente, el Estado Peruano ha sido notificado de un laudo arbitral emitido por el Ciadi en el que se lo condena al pago de US$194′000.000 a favor de la empresa española Enagás S.A., dado que el gobierno no habría cumplido el acuerdo internacional de inversiones suscrito con España.
En el ámbito de los arbitrajes internacionales, esta no es la primera derrota peruana. En el período 2018-2023, el país tuvo otros tres resultados desfavorables. Además, la situación resulta delicada para la ciudadanía, porque, a la postre, somos nosotros los que pagamos progresivamente.
Para revertir esta tendencia, necesitamos implementar cambios. No basta con fortalecer la capacidad técnica de la defensa legal del Estado Peruano en los arbitrajes. Casualmente, en el referido arbitraje contra la empresa española, el gobierno contó con el asesoramiento externo del estudio Arnold & Porter Kaye Scholer. Esto evidencia que las asesorías arbitrales de “alto nivel” no garantizan resultados positivos sin una estrategia procesal integral. En ese sentido, corresponde el acompañamiento al proyecto de inversiones desde su génesis: el inversor extranjero y el gobierno deben definir el contenido del contrato y el extremo de asunción de riesgos, con el objeto de mitigar el surgimiento de controversias arbitrales.
El patrocinio legal del Estado Peruano debe efectuarse de manera continua y desde las primeras tratativas. El Estado debe asumir su rol mediante una estrategia integral siempre teniendo presente las eventuales repercusiones que se generan en la ciudadanía. Las derrotas del país en las disputas internacionales del ahora son la deuda del mañana.
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