El Ejecutivo oficializó la prórroga del estado de emergencia en varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Áncash, Huánuco, Madre de Dios y Puno, debido a los daños ocasionados por intensas lluvias que han impactado gravemente estas zonas.
El Ejecutivo oficializó la prórroga del estado de emergencia en varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Áncash, Huánuco, Madre de Dios y Puno, debido a los daños ocasionados por intensas lluvias que han impactado gravemente estas zonas.
La medida se dispuso mediante el Decreto Supremo Nº 065-2025-PCM, publicado hoy en el boletín de Normas Legales del diarioEl Peruano, y entrará en vigencia el 21 de mayo por un período de 30 días calendario.
El objetivo es proseguir con la ejecución de medidas excepcionales, inmediatas y necesarias para atender la emergencia, así como iniciar labores de rehabilitación en las áreas afectadas por las precipitaciones pluviales.
Autoridades coordinarán la implementación de acciones articuladas. (Foto: Andina)
La norma establece que los gobiernos regionales y locales involucrados, junto al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), coordinarán con diversos ministerios y entidades estatales la implementación de acciones articuladas.
Estas intervenciones deben tener un nexo causal directo con los daños producidos por las lluvias y podrán modificarse según las necesidades emergentes, siempre respaldadas por estudios técnicos actualizados.
Se detalla también que la ejecución de estas acciones se financiará con recursos del presupuesto institucional de los organismos involucrados, sin demandar fondos adicionales al Tesoro Público.
El decreto supremo lleva las firmas de la presidenta Dina Boluarte, del presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y de los ministros de Defensa, Interior, Vivienda, y Desarrollo Agrario y Riego.
Este nuevo periodo de emergencia responde a la continuidad de eventos climáticos extremos que han ocasionado daños en infraestructura, interrupciones en servicios básicos y riesgos para la salud pública, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso.
La prórroga busca garantizar una respuesta estatal sostenida, asegurando que la población afectada reciba apoyo oportuno en materia de vivienda, vías de comunicación, salud y acceso al agua potable.
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