Penales privatizados y libertad con grilletes: el nuevo modelo penitenciario que prepara el Ejecutivo

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En conferencia de prensa, el titular de Justicia informó que se está trabajando un cronograma junto al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para asegurar el financiamiento de aproximadamente 1.000 grilletes electrónicos, que se utilizarían en el año 2026.

“Estamos preparando un cronograma para la aplicación de grilletes electrónicos, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, para que nos pueda proporcionar los recursos necesarios y ver si en el año 2026 podemos contar con aproximadamente 1.000 grilletes electrónicos”, indicó Alcántara.

Estos dispositivos de vigilancia serán destinados exclusivamente a personas que hayan cometido delitos de baja peligrosidad, quedando excluidos aquellos involucrados en crímenes graves como homicidio, sicariato, delitos sexuales o extorsión.

El ministro aclaró también que será el Poder Judicial la entidad encargada de decidir cuándo corresponde aplicar este mecanismo alternativo. “Es necesario que el Poder Judicial revise sus protocolos y que podamos contar con este elemento eficaz, que será muy importante para el deshacinamiento de los penales”, sostuvo.

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Otra medida anunciada por el ministro es la privatización del control de ingreso en determinados penales, como parte de una estrategia para reforzar la seguridad y combatir posibles actos de corrupción dentro de los establecimientos penitenciarios.

“Van a controlar el ingreso de las personas, de paquetería y de mercadería. Si la empresa contratada no cumple con la función encomendada, tendrá penalidades”, advirtió Alcántara. Esta medida se complementará con operativos inopinados tanto en penales como en centros juveniles.

Cabe recordar que recientemente el Tribunal Constitucional amplió hasta el año 2030 el plazo para que el Poder Ejecutivo solucione el problema del hacinamiento penitenciario. En mayo de este año se cumplieron cinco años desde la sentencia que ordenaba el cierre de los seis penales más hacinados del país luego de que se declaró “estado de inconstitucionalidad” la situación de las cárceles a nivel nacional.

En respuesta, el ministro anunció la presentación de un paquete de proyectos para ampliar la capacidad carcelaria, incluyendo la reactivación de obras paralizadas, como el mega penal de Ica, y la construcción de nuevos establecimientos en Arequipa y Pucallpa.

“Este penal cuenta con un expediente técnico de saldo de obra y esperamos que a más tardar en julio podamos lanzar la convocatoria y así culminar, en el plazo aproximado de dos años, con la construcción de este penal y entregarlo al INPE”, declaró ante la prensa.

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El mega penal de Ica se presentó en el año 2019 como un proyecto ambicioso del primer penal de gran magnitud en el país, el cual buscaba albergar entre sus 944 celdas más de 3.200 internos con la finalidad de reducir los niveles de hacinamiento que se experimentaban en ese entonces en los establecimientos penitenciarios del país.

Ese año, un equipo de El Comercio recorrió el espacio donde se estaba realizando la obra. En diálogo con el entonces ministro de Justicia, Vicente Zeballos, indicó que la construcción se encontraba en un 14% de avance.

“Este megapenal albergará a 3.200 reos. El avance físico de la obra bordea el 14%; si bien hay algo de retraso, esto forma parte de las circunstancias propias del contrato”, dijo Zeballos en 2019.

Este penal inició su construcción en 2018 y contaba con una inversión inicialmente estimada de S/380 millones. Luego de dos años, el proyecto se paralizó debido a problemas de transparencia.

El exministro del Interior y general PNP en situación de retiro, Carlos Morán, explicó que, por razones administrativas, muchas obras en el país se paralizan. No obstante, destacó que las sanciones administrativas contra los responsables deben aplicarse sin afectar el progreso de las construcciones.

Morán también advirtió sobre las graves deficiencias en los centros de reclusión. “Vemos la situación en las cárceles en estos momentos, algunas son escuelas del crimen. Con el hacinamiento y sobrepoblación no hay una medida de resocialización del interno, al contrario, salen perfeccionando sus técnicas. No hay un control adecuado del Estado en estos espacios porque siguen las comunicaciones, extorsiones y fugas”, declaró el exministro del Interior.

En esa línea, comentó que en el Perú no existe un precedente acerca de la vigilancia privada en los centros penitenciarios. Sin embargo, ante las fallas detectadas en el control de los penales —como el tráfico de objetos que ingresan y salen irregularmente— consideró que esta medida podría contribuir a reducir los casos de corrupción. No obstante, advirtió que será necesario esperar para evaluar sus resultados en el tiempo.

El abogado penalista Aaron Aleman explicó que desde la normativa actual, el 95% de la población penitenciaria no podría beneficiarse de la vigilancia electrónica personal. “Solo al 5% podría aplicarse la norma. De los delitos que serían aplicables he rescatado dos: estafa y abuso de autoridad”, dijo el abogado penalista.

No obstante, el experto explicó que tras un análisis realizado, los delitos citados tienen finalmente una condena que resulta como suspendida por lo que en la práctica las personas que los cometan tampoco podrían ser acreedoras de un grillete, ya que no cuentan con una pena privativa de la libertad efectiva.

“Esto se reduce a una apariencia de que se quiere tratar de disminuir el hacinamiento en las cárceles, peor no tiene un efecto práctico. Debería haber una reforma en el Código Penal y en el Código Procesal Penal para que se puedan habilitar al menos a otros delitos que se cometen día a día para efectos de que sí exista un deshacinamiento real y concreto”, declaró el abogado penalista Aaron Aleman.

Por su parte, la abogada penalista Jackeline López explicó que la vigilancia electrónica personal cuenta con tres naturalezas: una pena condenatoria, una medida de prisión preventiva y una medida de control acompañada de un beneficio penitenciario.

“No está permitida en casos de corrupción, delitos sexuales, delitos de lavado de activos, terrorismo, organización criminal, sicariato, homicidio calificado e incluso en delitos de género como agresiones graves o leves en contra de las mujeres y los integrantes del grupo familiar”, explicó la abogada penalista.

Además, resaltó que a la fecha, según estadísticas del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), hasta febrero de este año se han reportado 42 casos de personas con grilletes electrónicas. “De una población penitenciaria de prácticamente 100.000 personas, solamente 42 pueden conforme a la disponibilidad técnica de esos dispositivos electrónicos”, concluyó.

En una entrega previa, El Comercio informó que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos anunció la próxima excarcelación de aproximadamente 2.200 internos que ya cumplieron sus sentencias por omisión a la asistencia familiar, así como de otros 4.000 por el delito de hurto simple. Esta medida forma parte de un programa de resocialización y busca reducir la población penitenciaria en más de 6.000 personas.

Asimismo, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ha señalado que se ampliarán seis establecimientos penitenciarios con una inversión total de S/ 1.182 millones, mediante la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión). Estas obras se ejecutarán en las regiones de Ica, Huánuco, Amazonas, La Libertad, Piura y Lima. El objetivo es construir, ampliar, equipar y modernizar los penales, así como fortalecer los programas de capacitación dirigidos a los operadores del sistema penitenciario.

En Lima, se implementará el mejoramiento y ampliación del servicio de readaptación social en el Establecimiento Penitenciario de régimen cerrado Ancón I, con una inversión de S/ 62 millones. En el sur del país, en la región Ica, se tiene previsto realizar un proyecto similar en el Establecimiento Penitenciario de Ica, con un presupuesto estimado de S/ 280 millones.

Además, en la región Amazonas se construirá un nuevo penal en el centro poblado de Jahuanga, distrito de Bagua Grande, con una inversión proyectada de S/ 315 millones. En Huánuco, se desarrollará el servicio de readaptación social en el Establecimiento Penitenciario Venado Pampa, ubicado en el distrito de Castillo Grande, provincia de Leoncio Prado, con una inversión estimada de S/ 230 millones.

En el norte del país, se ampliará la capacidad de albergue del penal de Piura con un presupuesto de S/ 82 millones. Finalmente, en La Libertad se ejecutará la ampliación del Establecimiento Penitenciario Trujillo Varones, ubicado en el distrito de Huanchaco, con una inversión de S/ 211 millones.