El reto del Megapuerto: Chancay es el principal escenario de alerta en seguridad del 2024

Mientras la séptima declaratoria de emergencia en Pataz –esta vez con las Fuerzas Armadas a cargo del orden interno– busca hacerle frente al desborde de la minería ilegal agudizado por la intervención de organizaciones criminales transnacionales, en el Perú hay al menos otros siete escenarios de riesgo que ponen a prueba la capacidad del gobierno para enfrentar una criminalidad cada vez más violenta.

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El primero es la futura inauguración del Megapuerto de Chancay, ubicado a 80 km al norte de Lima Metropolitana, en la provincia de Huaral, que se proyecta como el principal puerto de Latinoamérica y cuyo inicio de operaciones está planificado para noviembre de este año. De acuerdo con el informe Tendencias y alertas de crimen organizado 2024, del Instituto de criminología y estudios sobre violencia (ICEV), que advierte de siete escenarios de riesgo latente, el megaproyecto es un atractivo para el “el tráfico de cocaína y de fentanilo entre Sudamérica y Asia” y el crimen alrededor del crecimiento comercial y poblacional que traerá consigo.

Estas advertencias no son ajenas a la propia policía y así lo reconoció el jefe de la División Portuaria Antidrogas, coronel Luis Bolaños Melgarejo, durante la última sesión de la Comisión Especial Proyecto Chancay en el Congreso, el 6 de febrero. “El terminal multipropósito es una gran oportunidad para el país, pero también para las redes criminales, los clanes familiares y organizaciones que buscan transportar alcaloide de cocaína hacia el continente asiático y desde ahí al Perú insumos químicos para elaboración de cocaína y fentanilo”, dijo.

A esto se suma el crecimiento poblacional proyectado. El Ministerio de Vivienda calcula que se podría multiplicar hasta cinco veces la demanda de vivienda solo en los distritos de Chancay y Aucallama, colindantes al megapuerto. Nicolás Zevallos, director del ICEV, explica a El Comercio que precisamente el factor de expansión urbana sin plan es una de las explicaciones a los problemas de seguridad en ciudades de la costa norte como Trujillo, Chiclayo, Piura y Chimbote, donde existe un “cluster” de crimen organizado.

“No es solo el megapuerto, también la zona industrial que lo va a acompañar. El crecimiento demográfico será explosivo, se espera el aumento de proyectos inmobiliarios y empresariales. Pero ya el norte chico tiene tasas de homicidio cercanas a América Central con entre 20 y 30 muertos por cada 100 mil habitantes. Ya es un lugar con alto riesgo de seguridad y se va construir un dinamizador comercial global muy grande sin ninguna medida de contingencia”, advierte.

La gobernadora regional de Lima, Rosa Vásquez, coincide en que los riesgos se agudizan ante la brecha de comunicación y servicios básicos que afronta las provincias norte de la región. “La criminalidad ha aumentado. Tenemos altos índices de inseguridad en Barranca, Huaura y Huaral, necesitamos una intervención inmediata a esta problemática que definitivamente se va a acentuar cuando se inaugure el megapuerto. Las vías de comunicación no están preparadas para soportar el tráfico alto que se estima, el hospital está colapsado y hay zonas que no tienen redes de telefonía”, explica a este Diario.

Una respuesta del Ejecutivo es el anuncio de la futura construcción de un complejo policial que, pese a los riesgos, no estará lista este año. El Crnl PNP Eduardo Maguiño, jefe de Administración de la Región Policial Lima, confirmó que iniciaría construcción en enero del próximo año y la entrega en diciembre del 2026. “No se cuenta actualmente con el presupuesto. Son S/84,5 millones para que esto sea viable. Por lo pronto se necesitaría S/1 ,9 millones para empezar con el expediente técnico, que se trabajaría este año”, dijo ante la comisión del Congreso. El Comercio solicitó a Mininter más detalles del proyecto, pero al cierre de la nota no obtuvimos respuesta.

Además, para mejorar las dos comisarías de la zona de influencia, Chancay y Aucallama, necesitan otros S/17 millones, según Maguiño. Ambas están en “proceso de resolución de creación y saneamiento físico legal”.

Por el lado de la empresa, Cosco Shipping construirá el Departamento Desconcentrado Portuario Antidrogas, donde funcionará además el escuadrón de buzos antidrogas de Chancay y la policía canina antidrogas, dentro de las instalaciones del terminal. Además, tiene un estudio de pre-inversion viable para Acción Integral de Respuesta a Emergencia en seguridad.

Para Vásquez, un aspecto positivo es que se haya creado una división policial independiente en Huaral (en noviembre pasado) , pero hace falta personal e infraestructura. “Se aceptó el nombramiento de un general para Lima Norte de tal forma que no sea necesario trasladarse hasta Lima. En eso hemos avanzado, pero faltan más policías. Nos han dado solo 150 de los 400 solicitados”, añade.

La gobernadora solicita que se instale una Comisión de Alto Nivel Intergubernamental que atienda el reto de forma integral.

En opinión del exdirector de la Policía Nacional del Perú (PNP) Eduardo Pérez Rocha el riesgo para los nuevos comercios que aparecerán en la zona no disminuirá mientras no se garantice logística e inteligencia para Policía Nacional. “El armamento de la policía tienen 30 años, no hay patrulleros, la inteligencia funciona solo cuando tiene presupuesto. La extorsión solo del 2022 a 2023 aumentó en 68% en todo el país y ahora hay secuestros que ya no se veían. No existe planeamiento del Ejecutivo para la seguridad ciudadana, solo se repiten los fracasos con estados de emergencia”, opina.

Si solo Chancay supone un enorme reto, la presencia cada vez mayor de crimen transnacional pone en alerta proyectos en distintas regiones. El propio Plan Perú Seguro del Ministerio del Interior, publicado en enero pasado, reconoce que el escenario delictivo nacional post pandemia se ha transformado ante “la extensión y consolidación de las organizaciones criminales transnacionales” dedicadas a mercados ilegales como el tráfico ilícito de drogas, la minería ilegal y la trata de personas.

Zevallos advierte que otros dos nuevos escenarios de riesgo son los puertos de la costa norte, como Paita, y la amenaza de que se agudice el crimen frente a proyectos mineros en Arequipa y Puno, con una situación similar a Pataz. “Paita reporta presencia de operadores ecuatorianos como los Lobos y Los Tiguerones. El riesgo es que esos proyectos sean nuevos hubs a partir de que Ecuador y el presidente Daniel Noboa está tomando medidas más drásticas contra el tráfico de cocaína”, explica.