Procesos complejos corren peligro por cambios a ley sobre colaboración eficaz

“En ese caso concreto [Los Dinámicos del Centro], que recién está empezando, sin ninguna duda eso va a pasar”, señala el exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado ante una pregunta específica. Explica que como se trata de un cambio a una norma procesal no está protegida por el carácter irretroactivo.

El penalista Carlos Caro coincide en sostener que, de promulgarse, la norma sería de aplicación inmediata. “Todos los casos de colaboración eficaz que no están cerrados van a tener que someterse a esta regulación nueva”, indica.

Entre los casos emblemáticos que cuentan con colabores eficaces se encuentran el Lava Jato, Los Cuellos Blancos del Puerto, Los Dinámicos del Centro, el proceso al congresista electo Guillermo Bermejo, entre otros. Pero Maldonado aclara que la colaboración no solo se usa en este tipo de casos, sino también en tráfico de drogas, terrorismo, crimen organizado, entre otros.

Uno de los principales cuestionamientos a los cambios en la norma es que ahora los fiscales tendrán cuatro meses de plazo desde el inicio de la colaboración hasta que el Poder Judicial la apruebe. “La norma vigente no tenía un plazo máximo para darle la mayor amplitud al fiscal para manejar con mayor tranquilidad un proceso complejo”, explica Maldonado. El especialista señala que este plazo no obedece a la realidad de cómo se manejan estas negociaciones, que tienen marchas y contramarchas.

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A eso, Caro añade que en estos casos la corroboración implica, en muchos casos, diligencias que pueden demandar la colaboración internacional, levantamiento del secreto bancario. “Hacer eso en cuatro meses es imposible”, añade.

Las colaboraciones corporativas –de empresas como Odebrecht o Graña y Montero– del Caso Lava Jato tomaron dos años aproximadamente. Uno de los principales inconvenientes relacionados, explican fuentes fiscales, es que ahora la norma señala que toda la información se brinda de golpe. Pero en este tipo de casos la información es lenta, pues la empresa no cuenta con toda la información sobre los ilícitos que puedan tener los directivos involucrados. Por eso el proceso de colaboración es progresivo.

Además, la nueva norma no estipula qué es lo que sucede si se excede el plazo.

Un segundo cuestionamiento importante es que ahora las declaraciones tendrían que ser dadas ante el fiscal coordinador o su adjunto. Montoya afirma que esta reforma atenta contra el principio de confidencialidad, pues hay áreas del Ministerio Público que podrían permitir la filtración pues los fiscales de mayor nivel no necesariamente son idóneos.

A esto, Caro añade que se trata de una traba burocrática y desnaturaliza la labor de coordinación, más aún si solo hay cuatro meses para cerrar el proceso. Fuentes fiscales explican que solo en los casos de equipos especiales –como Lava Jato o Cuellos Blancos– se podría trabajar en esa lógica. Pero en otros casos no existe la figura del fiscal coordinador –ni mucho menos que esté empapado de los temas tratados– y además se vulneraría la autonomía de los fiscales.

Otro punto cuestionado es que no se pueda corroborar la declaración de un aspirante a colaboración con la de otro aspirante. Para Montoya, esto no tiene sentido, pues el crimen complejo tiene información que fluye de otros participantes en los mismos delitos. Mientras, Caro añade que lo central no es el testimonio sino las pruebas que se aporten.

Gino Costa (Partido Morado) indica que, en la sustentación del proyecto en el pleno, María Teresa Cabrera señaló que la iniciativa contaba con el visto bueno del Ministerio de Justicia y del Ministerio Público, pese a que esto no es cierto.

Entre los caminos a seguir, el Ejecutivo podría observar la norma. Aun así, el próximo Congreso podría insistir en el tema.

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