Dina Boluarte: ¿Cuántas investigaciones debe afrontar la vacada expresidenta y que viene ahora?

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En agosto, desde la Fiscalía de la Nación se informó que Boluarte Zegarra tenía 29 investigaciones en trámite ante dicha instancia.

Entre las pesquisas se encuentra una vinculada a las protestas sociales de fines del 2022 e inicios del 2023, que no fue investigada en el caso principal, que ya fue materia de una denuncia constitucional ante el Congreso.

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Como se recuerda, en setiembre, el Tribunal Constitucional (TC) falló a favor de Boluarte Zegarra y dispuso que la Fiscalía de la Nación sí podía investigarla a nivel preliminar sobre hechos vinculados a su función que no estén contemplados en el artículo 117 de la Constitución.

Sin embargo, dispuso la suspensión de todas las investigaciones.

“Las investigaciones suspendidas continuarán con su trámite al concluir el ejercicio del cargo presidencial”, precisó el TC.

Por tanto, tras la vacancia de Boluarte, la Fiscalía de la Nación queda habilitada para reactivar -de haberla- cualquier investigación que haya quedado suspendida por aplicación del fallo del TC.

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Sumado a ello, una vez fuera del cargo presidencial, Dina Boluarte deberá enfrentar la investigación que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos por financiamiento ilegal de partidos políticos y organización criminal.

Este caso se encuentra en la Fiscalía Especializada en delitos de Lavado de Activos. Ahí, incluso, se podría pedir alguna medida limitativa en su contra.

La fiscalía le imputa haber recibido dinero en efectivo a través de transferencias o depósitos bancarios, a fin de financiar sus gastos personales o de campaña como candidata presidencial en el 2021.

Entre los montos de dinero se estableció un aproximado de S/800 mil de parte de Henry Shimabukuro y otro de S/150 mil de los empresarios Beltrán Salinas.

Mientras que en el Congreso de la República deberán reactivarse cerca de 20 denuncias constitucionales que se presentaron en contra de la exmandataria y que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso suspendió por orden del Tribunal Constitucional.

La aprobación de una denuncia constitucional es necesaria debido a que los hechos imputados se vinculan a diversos actos presuntamente cometidos en su cargo de alta funcionaria, y requieren el levantamiento del antejuicio para que la Fiscalía de la Nación pueda formalizar las investigaciones preparatorias.

Entre estos casos se encuentran las denuncias que presentó la Fiscalía de la Nación por lesiones leves y graves contra los heridos durante las protestas entre diciembre del 2022 y febrero del 2023.

También está la denuncia por presunta colusión agravada vinculada al Caso Qali Warma, cuando se desempeñó como ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

De acuerdo a la imputación, la también exministra se habría aprovechado del cargo para concertar con Víctor Hugo Torres Merino, amigo de infancia de su hermano Nicanor Boluarte, a fin de que sea contratado como proveedor de servicios en Qali Warma y en el Programa Nacional de Plataformas de Acción para la Inclusión Social, pertenecientes a dicha cartera ministerial.

También se encuentra en este ámbito la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de información en declaraciones juradas, vinculada al Caso Rolex.

En este expediente, Boluarte Zegarra es imputada de haber recibido relojes de alta gama, aretes y brazaletes de parte del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, a cambio de proporcionarle mayor presupuesto para su región.

También se debe reactivar la denuncia por presunta omisión de funciones y, de manera alternativa, por abandono de cargo debido a las cirugías estéticas que se realizó en el rostro a fines de junio del 2023.

Uno de los últimos casos denunciados por la fiscalía de la Nación y que se debe reactivar en el Parlamento es el denominado “El Cofre” donde se le imputa el presunto delito de encubrimiento personal.

Boluarte Zegarra habría facilitado la huida del prófugo Vladimir Čerrón Rojas a bordo del vehículo oficial denominado “El Cofre”, que no es susceptible de intervenciones policiales.

Para ello, habría ordenado que el vehículo oficial se dirija al condominio Asia del Sur, ubicado en el distrito de Asia, provincia de Cañete (Lima), donde se desarrollaban acciones policiales de control de identidad personal y vehicular con la finalidad de ubicar y capturar al referido prófugo.

También se encuentra la denuncia por la Desactivación del Equipo Especial de la Policía en apoyo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop).

En declaraciones a los medios de prensa, Juan Carlos Portugal, abogado Boluarte, descartó que su patrocinada eluda a la justicia y opte por un asilo político.

“Los descarto (el asilo), la defensa de la presidenta no recae en su abogado, sino en su inocencia y ella está tranquila con su conciencia”, dijo tras abandonar Palacio de Gobierno la noche del jueves.

En esa línea, señaló que al dejar su cargo afrontará las investigaciones que se le siguen, aseverando que son 11 los casos vigentes.

“Investigaciones que va a afrontar. Descarto con mayúscula que la presidenta o bien se asile o abandone el país. No es ninguna delincuente para hacerlo, de tal manera que la presidenta afrontará sus carpetas fiscales. Porque además, si analizamos racional y desapasionadamente, los casos que se encuentran vigentes en el Ministerio Público no hay ningún caso penal serio.”

Juan Carlos Portugal, abogado de Dina Boluarte

Señaló que el caso de presunto lavado de activos no le preocupa, puesto que los testigos señalaron que no realizaron aportes. “No es un caso que me preocupe”, afirmó.

De acuerdo al abogado penalista Víctor López García, Dina Boluarte deberá responder de manera distinta ante las tres instancias.

Así, para aquellas imputaciones que la involucran por hechos cometidos en el ejercicio de sus funciones aún se requiere de antejuicio político. Eso quiere decir que el Congreso tendrá que levantar la inmunidad que aún le asiste hasta por cinco años.

Distinto es el caso de aquellas conductas presuntamente delictivas que habría cometido antes de llegar al máximo cargo público en el Perú, señaló el abogado especialista en Derecho Penal.

En ese sentido, explicó, si se habla de una imputación por presunto lavado de activos y organización criminal; al cesar en el máximo cargo de la Presidencia tendría que responder como cualquier ciudadano; ya sea con alguna medida restrictiva de carácter personal o real.

“Cuando ella renuncia (o es vacada) se abre un peligro de fuga latente pues es de conocimiento público que la señora Boluarte podría pedir un asilo político. Esa es una clara muestra de peligro procesal que la Fiscalía Provincial en Delitos de Lavado de Activos podría utilizar como base de una base de restricción, ya sea de un impedimento de salida del país o una prisión preventiva.”

Victor López García, abogado penalista

Respecto a las denuncias constitucionales que quedaron suspendidas en el Congreso, luego de que el TC fallara a favor de Boluarte, López indicó que deberán reactivarse y someterse al procedimiento del levantamiento del antejuicio como corresponde.

“Al dejar de ser presidenta, esto habilitaría para que dichas investigaciones, siempre y cuando, previamente, se le realice el antejuicio político, puedan continuar teniendo efecto. Esto, porque -como expresidenta de la República- tiene hasta cinco años de protección y debe pasar por un antejuicio político”, explicó.

Bajo su percepción, teniendo en cuenta que el Congreso consiguió las firmas para la vacancia, lo más probable es que el levantamiento de su inmunidad se procese de manera rápida.