El IPYS y CPP han emitido 24 alertas por acciones del gobierno de Castillo contra la prensa

Durante los casi nueve meses que tiene el presidente Pedro Castillo en el poder su relación con los medios de comunicación ha sido tirante. Y así lo demuestran las 24 alertas que han emitido en total el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) y el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) en rechazo a acciones del Ejecutivo en desmedro de la libertad de expresión.

De estos 24 pronunciamientos, 17 han sido del IPYS. Y en la mayoría de estos, se ha advertido que el gobierno impidió que los periodistas accedan a las actividades oficiales del jefe de Estado. Por ejemplo, el 5 de agosto del año pasado, la Policía Nacional cercó el perímetro de Palacio de Gobierno, cuando Castillo Terrones era reconocido como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la PNP.

También se han registrado tres agresiones a reporteras de parte de Seguridad del Estado y de un funcionario de la Presidencia, cuando trataban de obtener declaraciones del mandatario [ver recuadro]. A mediados de setiembre último, Hellen Meniz, periodista de RPP Noticias, fue jaloneada y empujada por Franco Pomalaya, quien fue sindicado como integrante del gabinete en sombra del profesor. Incluso, le arranchó el micrófono.

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Otra periodista que fue empujada y golpeada por un agente de la Policía Nacional, mientras cubría el traslado a pie del presidente Castillo, y del primer ministro, Aníbal Torres, al Congreso, fue Diana Falcón, de RPP Noticias. Este hecho se registró el 15 de marzo. El CPP no solo condenó este acto, sino también exhortó al comandante general de la PNP, Vicente Tiburcio, a cesar “todo tipo de agresión” a las mujeres y hombres de prensa.

“Este tipo de agresiones por parte de la Policía Nacional se ha convertido en norma. En anteriores gobiernos tales hechos eran, más bien, poco comunes. Es inexcusable que periodistas, que cumplen con su trabajo informativo, sean agredidos por quienes supuestamente deben protegerlos”, subrayó entonces el Consejo de la Prensa Peruana.

La directora del área de Libertades Informativas del IPYS, Adriana León, indicó que “no es normal” que su institución haya emitido 17 alertas referidas al gobierno central en poco más de ocho meses, cuando lo habitual es que un año publiquen 30 o 35 en general. Es decir, observando también los comportamientos del Congreso, gobiernos regionales y locales.

“Las agresiones a los reporteros, el encierro a periodistas en un espacio, y todo con el fin de impedir que se cubran las actividades del presidente, eso es nuevo, anteriormente sí pasaba, pero con autoridades regionales y municipales”, manifestó a El Comercio.

León consideró que Castillo y sus principales funcionarios, como Torres y la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, tienen un concepto “equivocado” sobre el rol de los medios de comunicación, y eso se nota en “declaraciones desafortunadas” que han brindado.

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“El debilitamiento a las libertades informativas es evidente”

Roberto Pereira, abogado experto en temas de libertad de expresión, afirmó que “es evidente” que en el actual gobierno se ha producido un “debilitamiento en las libertades informativas”. “Hay una opacidad en las acciones del Ejecutivo, que se niega a brindar información. El presidente Castillo ofreció transparentar sus reuniones [en Breña] y no lo hizo, sin duda es una mala señal”, remarcó.

En comunicación con El Comercio, el letrado recordó que no solo se han dado agresiones a periodistas, sino también despidos en TV Perú “sin explicaciones convincentes”.

“Si tienes a un jefe de Estado que no da declaraciones a la prensa, que omite entregar información, que es secundado por sus principales autoridades, como el primer ministro, es una actitud que no favorece a las libertades informativas”, expresó.

También indicó que, si el presidente Castillo aún no firma las declaraciones de Chapultepec y de Salta, tras la solicitud del CPP e IPYS desde setiembre, es porque “no cree en la libertad de expresión”. Añadió que el docente tiene la idea de que la prensa lo debe “acoger” y serle “favorable”.

“Está totalmente equivocado, el verdadero sentido de la libertad de expresión es la de proteger a la prensa que es mordaz, que cuestiona, él no cree en eso, por eso cada vez que la prensa cuestiona, responde con una maniobra agresiva u hostil, o amenaza con usar regulación estatal para sancionar”, acotó.

A su turno, el director de la Clínica Jurídica de Libertades Informativas de la Universidad del Pacífico, Andrés Calderón, indicó que el alto número de alertas del IPYS y del CPP muestra “una continuidad de la actitud agresiva” de parte de Castillo a los medios de comunicación que empezó en la campaña electoral.

“El gobierno ha utilizado también una narrativa para victimizarse y, a la vez, tratar de deslegitimar a los medios de comunicación”, refirió.

Calderón recordó que el presidente Castillo dijo que no daría “un centavo”, al referirse a la publicidad del Estado, a los medios de comunicación que, desde su punto de vista, “tergiversen la realidad”.

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“Esto muestra un error de concepto, la publicidad estatal no es para premiar a los medios que él considere bueno o para castigar a los que no hacen una buena labor”, resaltó.

Al ser consultado sobre por qué Castillo no ha firmado las declaraciones de Chapultepec y de Salta, el autor del libro “Polítika vs. Prensa, una relación tóxica en tiempos convulsionados” respondió que existe “un desdén” de parte del presidente, porque “no le interesa obligarse de palabra o de gestos a respetar las libertades informativas”.

“Y esta postura es coherente con su silencio, hacerlo, firmar, podría hacer que se le exija, que se le pida más cuentas con relación a estas actitudes [de agresiones a periodistas], no estamos ante un gobierno que le interese defender las libertades informativas”, concluyó.

Más información

León adelantó que el IPYS le solicitará a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, que abra a la prensa el Hall de los Pasos Perdidos del Parlamento, a fin de que se tenga mayor acceso a la información del Parlamento. Agregó que la pandemia de COVID-19 no puede ser utilizada como excusa para impedir la labor informativa de los reporteros que están vacunados.

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